El debilitamiento de los Estados nacionales (particularmente los del Sur global, pero más recientemente también del Norte)2, ha sido durante las décadas del neoliberalismo una estrategia fundamental para hacer que estas sociedades sean menos democráticas, y con ello, más vulnerables e indefensas frente a la mercantilización global. En estas condiciones, la recuperación del Estado ha sido considerada como una necesidad para fortalecer alguna medida de soberanía nacional, para la recuperación de lo público, para la posibilidad misma de cualquier proceso de cambio significativo en estas sociedades. Sin los recursos materiales e institucionales del Estado, estos intentos de cambio serían más fácilmente frenados y/o derrotados por los intereses nacionales/internacionales potencialmente afectados. Sin embargo, y muy contradictoriamente, se trata de intentar fortalecer tramados institucionales que históricamente han operado, en lo fundamental, como estructuras coloniales de reproducción de las relaciones de dominación y explotación existentes.
Tal como lo señaló James O’Connor (1973) en su formulación clásica, el Estado liberal capitalista está inherentemente atravesado por tensiones y contradicciones. Éste no opera solo como un instrumento de la acumulación del capital, igualmente debe ser garante de la legitimación de la sociedad capitalista. Esta complejidad del Estado se hace aún mayor en los estados periféricos del sistema mundo. Los Estados latinoamericanos han sido, y en lo fundamental siguen siendo, Estados monoculturales que operan con lógicas coloniales en sociedades heterogéneas, pluriculturales. A esta herencia se suma su transformación por décadas de políticas neoliberales. Al otorgarle prioridad plena a las demandas de la acumulación, sobre toda legitimación democrática, fueron en una buena medida privatizados y puestos directamente al servicio del interés del capital. Se trata, igualmente, de Estados que en diferentes grados se han caracterizado por ser ineficientes, clientelares, preñados de corrupción y que, en el mejor de los casos, han correspondido a débiles democracias representativas extraordinariamente excluyentes.
¿Son solo obstáculo, o son de alguna manera recuperables, estos Estados para una agenda transformadora? ¿Cuáles son las contradicciones y tensiones que esto genera en los actuales procesos de cambio en América Latina?
El Estado en procesos de cambio múltiples y heterogéneos.
La acción del Estado en los actuales procesos de cambio en el continente está atravesada por profundas tensiones de muy diverso tipo. Las reflexiones que se realizan en este texto sobre estas tensiones se refieren a tres ámbitos fundamentales: a) la compleja heterogeneidad de estas sociedades; b) la co-presencia (en tensión, complementación y a veces en fuerte contradicción) entre diferentes lógicas y proyectos de cambio que se juegan simultáneamente en estos procesos políticos; c) la heterogeneidad y las contradicciones internas del propio Estado. Todo esto en el contexto de transformaciones profundas en los patrones de acumulación y estructuras hegemónicas globales.
Los proyectos de transformación revolucionaria identificadas con el socialismo de los últimos dos siglos estaban sustentados sobre el imaginario del progreso, la linealidad ascendente del desarrollo histórico, y en la pretensión de que era posible, orientar al conjunto de la sociedad en una dirección, hacia un horizonte −que en sus rasgos generales− se consideraba que podía ser conocido o predeterminado. La necesidad de una vanguardia capaz de prefigurar la sociedad del futuro formaba parte de la idea misma de revolución. Los conflictos y tensiones en el campo de la izquierda, de las fuerzas del cambio, tendían a ser más a propósito de los medios o las vías, que sobre la alternativa a la cual se aspiraba: el socialismo. Aunque las sociedades capitalistas contra las cuales se luchaba fuesen reconocidas como complejas y heterogéneas, la noción de una contradicción principal (capital/trabajo o burguesía/proletariado) permitía postular la posibilidad de articular en torno a un eje básico: el conjunto de contradicciones de la sociedad y la dirección de su proceso de transformación. Se trataba, por otra parte, de proyectos que en lo fundamental operaban al interior del patrón civilizatorio occidental y de la confianza sin límites en el progreso.
Los procesos de transformación social se dan hoy en contextos históricos radicalmente diferentes. Las lógicas dominantes de la política moderna han sufrido una implosión, consecuencia de la crisis de la modernidad monocultural de occidente. Esto se ha hecho particularmente evidente en las luchas políticas sudamericanas de los últimos lustros. Esta situación se hace crecientemente evidente tanto en la imposibilidad de continuar con un crecimiento sin fin en un planeta acotado cuya capacidad de carga ya ha sido superada, como en la presencia vigorosa de otras opciones civilizatorias que niegan en forma radical el “fin de la Historia”3, que rechazan el imaginario de la sociedad capitalista liberal como la única opción posible, como el destino inexorable de toda la humanidad.
Lejos de encontrarnos frente a una línea o eje principal de trasformaciones históricas capaz de definir en forma relativamente unitaria tanto la dirección del cambio, como las posturas de apoyo u oposición a éste por parte de los principales sectores de la sociedad, estamos hoy en presencia de procesos, proyectos e imaginarios de cambio que no pueden de ninguna manera sintetizarse alrededor de una lógica unitaria principal. Se trata de procesos, tendencias y proyectos de transformación social que operan en forma simultánea, en algunos sentidos complementarios, en otros confrontados e incluso muy contradictorios.
Esta heterogeneidad de los procesos de cambio que hoy se dan en América Latina, especialmente en Bolivia, Ecuador y Venezuela, ha sido conceptualizada de diversas maneras. De acuerdo a Arturo Escobar, es necesario reconocer la presencia de una “doble coyuntura”: la de la crisis del proyecto neoliberal de las últimas tres décadas por un lado, y simultáneamente, la de la crisis del proyecto de la modernidad que viene desde el momento mismo de la conquista (Escobar, 2010: 1).
En consecuencia, las transformaciones contemporáneas se desplazan más allá del eje izquierda-derecha en el cual ha operado la política del mundo occidental durante los dos últimos siglos. Considera Escobar que una formulación más adecuada para estas modalidades de política sería la formulada por Walter Mignolo, en términos de “la izquierda, la derecha y lo decolonial”4 (Ibíd. 6), abriendo así el espectro político más allá del marco de referencia del eurocentrismo.
De acuerdo a Raúl Zibechi, en América Latina actualmente “la realidad político-social no está configurada por un solo escenario sino por tres”: la lucha por la superación de la dominación estadounidense, por la superación del capitalismo y por la superación del desarrollo (Zibechi, 2010). Esto es, la presencia simultánea de tendencias y direccionalidades anti-imperialistas, anticapitalistas y la búsqueda de alternativas al desarrollo. Tendría sentido agregar a estos, por lo menos un cuarto ámbito. Este sería referente a proyectos nacional-populares, que le dan prioridad a la industrialización, democratización, inclusión y redistribución, lo que podría caracterizarse como las tareas pendientes del imaginario −todavía en estas sociedades presente− de la construcción de Estados nacionales democráticos.
No se trata de alternativas históricas plenamente excluyentes ni fácilmente complementarias, sino de tendencias y opciones que se entrelazan complejamente en la realidad de las confrontaciones políticas actuales. Los análisis de estos procesos que enfoquen solo alguna de estas dimensiones o tendencias de cambio, con seguridad producirán interpretaciones unilaterales y pobremente esquemáticas de lo que ocurre en estas sociedades.
Como indica Escobar, las denominaciones utilizadas para referirse a los actuales procesos de cambio ilustran esta extraordinaria complejidad: “Socialismo del siglo XXI, plurinacionalidad, interculturalidad, democracia sustantiva, revolución ciudadana, desarrollo endógeno centrado en el buen vivir, autonomía cultural y territorial, proyectos decoloniales en dirección a sociedades post-liberales...” (Escobar, 2010: 2).
Estos diversos proyectos condicionan las tensiones y confrontaciones de los procesos de cambio en el continente, conformando diferentes ejes que articulan de diferentes maneras los conflictos actuales de sus sociedades. Aún cuando estos diversos proyectos de cambio puedan estar simultáneamente presentes en los discursos públicos y aparecer de alguna manera articulados en las propuestas de los gobiernos de estos países, en diferentes momentos uno u otro eje puede adquirir particular relevancia o urgencia. Eso hace no solo que ciertos procesos y confrontaciones de otras dimensiones se coloquen en un plano menor, sino que pueden perder visibilidad, ya sea en el debate público o en las prioridades gubernamentales.
Un eje fundamental de las actuales luchas políticas se construye en torno a los conflictos entre los procesos populares democráticos, por un lado, y los sectores privilegiados nacionales e intereses transnacionales, por el otro. Estos conflictos se plantean a propósito de asuntos tan claves como el control nacional de los bienes comunes que estaban en manos de transnacionales, o las pugnas por la distribución de la tierra y a propósito de la búsqueda de mayores niveles de equidad. Estas confrontaciones pueden ser entendidas en los códigos de las clásicas oposiciones entre izquierda y derecha, o de luchas nacional-popular en contra de un orden social excluyente. Aparecen estas agendas de lucha con frecuencia asociadas a horizontes socialistas.
Sin embargo, estas confrontaciones no dan cuenta sino de parte de las contradicciones básicas presentes. En los casos de Ecuador y Bolivia, además de estas luchas nacionales-populares, están presentes otras lógicas político-civilizatorias que le dan prioridad a la decolonización del Estado liberal monocultural, camino a la construcción de un nuevo Estado Plurinacional y los patrones culturales del buen vivir o vivir bien basados en otras modalidades productivas, otros saberes, otras formas de autoridad, otras formas de relacionarse con el resto de las redes de la vida.
En la lógica nacional-popular, y en los horizontes socialistas, tienen prioridad la soberanía nacional, la democratización y la redistribución de la riqueza. Esto está asociado al desarrollo, a un Estado más fuerte, soberano, con presencia en todo el territorio nacional, capaz de formular e implementar políticas públicas a favor de los sectores populares, incrementando el gasto social: educación, salud, empleo, seguridad social, lucha contra la pobreza y subsidios a las familias más necesitadas.
En la lógica de la decolonización tienen prioridad la plurinacionalidad, los derechos a las diferencias, la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios, la autonomía de pueblos comunidades y movimientos, el pluralismo jurídico, el rechazo al desarrollismo/extractivismo, así como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. La lucha por la decolonización apunta hacia una profunda transformación civilizatoria que cuestiona no solo al capitalismo sino a los patrones productivos y de conocimiento de la cultura occidental dominante, lo que queda sintetizado en las nociones del buen vivir.
De la forma como logren (o no) articularse, retroalimentarse o complementarse estas lógicas de transformación social, dependerá el futuro de estos procesos de cambio. La tradición de lucha y los proyectos políticos que están asociados a la idea del socialismo no son fácilmente compatibles con los proyectos históricos de la decolonización: corresponden a historias, teorías, sujetos sociopolíticos e imaginarios diferentes. El que estas diferentes herencias puedan llegar a ser parte complementaria de un mismo proceso de cambio heterogéneo, no-lineal, pasa necesariamente por complejas negociaciones, por difíciles procesos de intercambio, pero sobre todo, de aprendizaje recíproco y autocuestionamientos reflexivos al interior de cada una de estas tradiciones. Por parte de quiénes, en este contexto, defienden la vigencia de un rumbo socialista, esto exige una crítica profunda de la experiencia histórica del socialismo. Exige igualmente un cuestionamiento amplio de la experiencia de las luchas de la izquierda latinoamericana del siglo pasado, en particular el poco peso que tuvieron en asuntos tan medulares de las estructuras de poder como el patriarcado, su carácter monocultural/colonial, su relación depredadora con el resto de las redes de la vida. Obliga a colocar en primer plano las luchas por la radicalización de la democracia.
Si estas diversas lógicas transformadoras −nacional-popular, socialista, decolonizadora− son construidas políticamente como contradictorias o excluyentes, el resultado no puede conducir sino a la derrota de estos proyectos de cambio, la consolidación/fortalecimiento de las formas históricas de la dominación capitalista y una acelerada profundización de la crisis ambiental planetaria. Lo que parece poco probable es que, en las condiciones de profunda heterogeneidad político-cultural existente, alguno de estos proyectos tenga la posibilidad de imponerse en forma hegemónica sobre el conjunto de la sociedad.
El Estado ante demandas encontradas
Las múltiples exigencias que se formulan en relación al Estado en estos complejos y contradictorios procesos no son plenamente realizables en forma simultánea. Constituyen una fuente de permanentes tensiones y conflictos y de exigencias de negociación: recuperar el Estado, fortalecer el Estado, democratizar el Estado, decolonizar el Estado, convertir al Estado en instrumento de transformación, preservar la autonomía de los movimientos y organizaciones en relación al Estado, controlar soberanamente los bienes comunes y utilizarlos en función del bienestar colectivo, confrontar el extractivismo y la lógica primario-exportadora…
Las tensiones entre estas lógicas o proyectos de cambio señaladas arriba (nacional-popular, socialista, decolonizadora), se dan tanto al interior del propio Estado, del pensamiento y la acción de los dirigentes políticos de los procesos de cambio, como en las demandas y exigencias que le formulan al gobierno los más diversos sectores de la sociedad. Son igualmente tensiones y perspectivas, no necesariamente coincidentes, presentes en distintas expresiones del mundo popular. Estas diversas lógicas de transformación operan incluso al interior de los mismos sujetos y/o movimientos, dándoles prioridad a algunas dimensiones sobre otras, según la coyuntura5.
Uno de los ámbitos en los cuales estas tensiones se han hecho más evidentes desde la entrada en vigencia de los nuevos textos constitucionales ha sido el del extractivismo y las modalidades de la inserción primario-exportadora de estos países en la economía global. Los gobiernos argumentan que, a corto y mediano plazo, no existen opciones a la explotación de los hidrocarburos, a la minería a cielo abierto a gran escala y a los monocultivos, ya que estos constituyen las principales fuentes del ingreso fiscal. Justifican la continuación o intensificación de esta lógica productiva extractivista en base a la necesidad urgente de responder a las demandas de los sectores populares que son, tanto una exigencia de justicia social de pago de una deuda social acumulada, como una condición para garantizar la legitimidad y apoyo de la mayoría de la población, sin la cual no sería posible la continuidad de los procesos de cambio.
Otras dificultades que atraviesan los procesos de cambio son, por un lado, la tensión existente entre las demandas descentralizadoras y democratizadoras del Estado (entre éstas, las exigencias de la demarcación y autonomía territorial de los pueblos indígenas), y la operación de la razón de Estado ante las amenazas planteadas por sus enemigos internos y externos, por el otro. Las intervenciones directas e indirectas de los Estados Unidos han sino una constante en la historia de América Latina; los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela se han enfrentado a varias amenazas imperiales y a la acción desestabilizadora de los grupos sociales privilegiados de esas sociedades. En cada uno de estos países se han producido importantes intentos de subversión del poder constituido por la vía de conatos o golpes de Estado, incluso con amenazas separatistas. Esta dimensión anti-imperialista, particularmente en el caso de Venezuela, ha servido de justificación para producir mayores grados de centralización del Estado, incrementar el gasto en armamentos y para otorgarle un papel destacado a las fuerzas armadas en la conducción del Estado.
Un Estado fuerte y altamente centralizado, con una significativa presencia de una cultura militar jerárquica y autoritaria, es difícilmente compatible con los objetivos de la democratización, autogobierno o decolonización de la sociedad.
Modalidades de inserción en el mercado internacional
Como se ha señalado al comienzo, los actuales procesos de cambio en América Latina se dan luego de décadas de políticas neoliberales: privatizaciones, masivas inversiones extranjeras y, sobre todo, apertura de las economías a los mercados globales. Fueron precisamente las luchas populares contra el neoliberalismo y sus consecuencias (movilizaciones contra el ALCA y demás acuerdos de libre comercio, derrocamiento de presidentes neoliberales, etc.) y los acumulados político-organizativos de estas luchas, lo que hizo posible la victoria electoral de los actuales gobiernos denominados “progresistas” o de izquierda. Esto no implicó, sin embargo, que las profundas transformaciones económicas, políticas y culturales que produjo el neoliberalismo dejasen de estar presentes: sociedades más desiguales, menos solidarias y menos democráticas; Estados más precarios; economías más abiertas; y el debilitamiento de los procesos productivos dirigidos al mercado interno. Esto se expresó en el fortalecimiento (tanto económico como político) de los sectores empresariales ligados a actividades primario-exportadoras, a las finanzas, y en general de los grupos más directamente asociados al sector externo de estas economías. La globalización neoliberal ha implicado igualmente sociedades más expuestas a una industria cultural cada vez más globalizada y a los valores y patrones de consumo que ésta propaga.
Los gobiernos “progresistas” o de izquierda se encuentran en un contexto económico y geopolítico muy diferente al de las décadas de la sustitución de importaciones. Los nuevos patrones de acumulación del capital han acentuado las formas coloniales de división internacional del trabajo y la división internacional de la llamada “naturaleza”6. En este modelo de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), tanto África como América Latina quedan reafirmadas en su papel de suministradoras de bienes primarios o commodities: agrícolas, energéticos y mineros.
Cualquier proceso de cambio significativo requiere, necesariamente, rupturas profundas con estas formas de inserción en el mercado mundial. De lo contrario, éstas se consolidarán, fortaleciendo las bases económicas, políticas y culturales del orden existente, constituyéndose en obstáculos aún mayores para el logro de objetivos anticapitalistas, a la búsqueda de alternativas al desarrollismo y a la posibilidad misma de transformaciones decoloniales.
Después de varios años de gobierno (más de una década en el caso venezolano), llama la atención el continuado reforzamiento del extractivismo y de la lógica primario- exportadora. No hay en este sentido significativas diferencias entre los llamados gobiernos “progresistas” o de izquierda y los gobiernos neoliberales. En prácticamente todos los países de América Latina la participación de los bienes primarios en el valor total de las exportaciones se ha incrementado en la última década, en muchos casos significativamente. Para el conjunto del continente el peso de los productos primarios en el valor total de las exportaciones pasó de 41,1% en el año 2002, a 52,9% en el año 20097. Aun en Brasil, el país más industrializado del continente, ha sido notoria esta tendencia. De 47,4% en el año 2002, el peso de los bienes primarios en el valor total de las exportaciones se elevó a 60,9% en el año 2009 (CEPAL, 2010: 105)8.
Los nuevos patrones de acumulación global del capital y los reacomodos hegemónicos de los últimos lustros han creado condiciones que favorecen la profundización de estas modalidades de inserción global de las economías latinoamericanas. En primer lugar, el acelerado crecimiento económico asiático, particularmente de China y la India, ha generado una expansión sostenida tanto de la demanda como de los precios de estos bienes primarios. Las exportaciones de bienes primarios se convierten así en una fuente fácil e inmediata de ingresos públicos que no podrían obtenerse por otras vías. El papel crecientemente importante de la China en la geopolítica global contribuye a consolidar esta lógica (Ibíd. 105). Se apela inclusive a un discurso anti-imperialista (identificado éste con los Estados Unidos), mientras se dan pasos que consolidan la subordinación a intereses del capital global, en este caso chino.
El intercambio comercial de América Latina con la China tiene una dependencia aún mayor en los productos primarios que en el comercio con los Estados Unidos y Europa:
Las exportaciones de América Latina hacia China se basan casi exclusivamente en la extracción y uso intensivo de recursos naturales. Estos se exportan con escaso o nulo procesamiento, como es el caso de la soya, la harina de pescado, las uvas, el azúcar y el cobre. Esta tendencia implica una fuerte presión sobre los ecosistemas, un vaciamiento de los recursos naturales del territorio latinoamericano (suelos agrícolas, biodiversidad, recursos hídricos, recursos pesqueros, y recursos energéticos); un detrimento de la soberanía de las comunidades locales sobre sus recursos naturales y sus territorios, y los servicios que estos proveen (comida, agua, etc.). Esto es particularmente irreversible en el caso de la minería (Larrain et al., 2005: 47).
En los tres países a los cuales se ha hecho referencia, hay una importante y creciente distancia entre los discursos y textos legales referidos a los “derechos de la naturaleza” y la crítica al desarrollismo por un lado, y el contenido efectivo de algunas de las principales decisiones políticas económicas, por el otro. No es posible, evidentemente, exigirle a los gobiernos de Venezuela, Ecuador o Bolivia que de un día para otro cierren los pozos, oleoductos y gasoductos y dejen de exportar hidrocarburos. Sin embargo, si realmente se tiene como meta alterar este modelo extractivista, tienen que comenzar a tomarse desde hoy decisiones claras y efectivas que marquen la dirección de nuevos modelos productivos. Hasta ahora son pocas las señales en este sentido.
Esta distancia entre discursos, proyectos, normas y leyes, por un lado, y algunas de las principales decisiones políticas/económicas, por el otro; han motivado importantes confrontaciones en estos tres países. En Bolivia se destaca, en este sentido, la oposición a la apertura de grandes extensiones de la Amazonía a la exploración y explotación de hidrocarburos (Morales Ayma, 2010), realizada en forma casi simultánea con la introducción a la Asamblea Legislativa la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010)9 Aún más conflictiva fue la decisión del gobierno boliviano de impulsar la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a pesar de la firme oposición de los pueblos indígenas que viven en dicho territorio, mientras que los campesinos colonizadores de la zona exigían la construcción de la misma. Este proyecto produjo profundas divisiones en la sociedad boliviana, un muy polémico debate nacional, y posturas encontradas entre diversos movimientos y organizaciones populares con visiones e intereses diferentes en relación a lo que está en juego (Prada, 2010b, 2010c, 2010d; Arkonada, 2010). En Ecuador la Ley de Minería ha sido calificada por organizaciones indígenas y ambientales como directamente violatoria del espíritu y texto de una Constitución que por primera vez en la historia le otorga derechos a la “naturaleza” (CONAIE, 2009).
De estos países, es en Venezuela donde las luchas antidesarrollistas y decoloniales tienen menos peso. Acentuando la dependencia creciente que ha tenido el país durante prácticamente un siglo en el petróleo, este producto representó el 95% del valor total de las exportaciones en el año 2010 (Banco Central de Venezuela, 2011). Este fenómeno no trata solo de una inevitable inercia que esta elevada centralidad del hidrocarburo genera en la economía para el conjunto de la sociedad, el sistema político y el Estado venezolano; ni de una distorsión estadística pasajera, producto de los elevados precios del petróleo en el mercado internacional. Corresponde, por el contrario, al modelo productivo que se propone como parte del “socialismo del siglo XXI.”
Durante la última década se llevó a cabo una política sostenida de inversiones y asociaciones con empresas internacionales −estatales y privadas− tanto en gas como en petróleo, con el fin de incrementar en forma significativa los volúmenes de producción. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela cuenta con unas reservas de petróleo probadas de 296 mil millones de barriles, superiores a las de Arabia Saudita. Estas reservas representan la cuarta parte de las reservas totales de los países miembros la OPEP y la quinta parte de las reservas petroleras probadas de todo el planeta (OPEP, 2011: 11, 22). Sus reservas probadas de gas constituyen dos terceras partes de las reservas totales de gas en toda América Latina (Ibíd. 23). La mayor parte de estas reservas se encuentran en la Faja Petrolera del Orinoco (FPO), de acuerdo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales:
La FPO está ubicada en la parte sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas; constituye un gigantesco reservorio que abarca un área geográfica aproximada de 55.000 km2, con arenas hidrocarburíferas que superficialmente se extienden unos 12.000 km2. Contiene acumulaciones de crudo pesado y extrapesado con una gravedad promedio de 8,6° API (2009: 92).
Para la cuantificación y certificación de las reservas de la faja, se firmaron contratos con 28 empresas de 21 países, entre ellos, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, España, Irán, India, Noruega y Sudáfrica (Ibíd. 93). En los Planes Estratégicos del Desarrollo del Gas, además de inversiones de los Estados Unidos, participan empresas como ENI de Italia y STATOIL de Noruega (PDVSA, 2006). De acuerdo al presidente Hugo Chávez, entre los años 2011 y 2021, Venezuela duplicará su volumen de producción para pasar a explotar 6 millones de barriles diarios de crudo. “Para el 2021 estimamos producir 6 millones 120 mil barriles diarios y el precio estará mejor estimado. Para el 2021 ese barril debe estar cerca de los 200 dólares”, que servirán de sustento “para el desarrollo de la potencia que va a ser la Patria venezolana”10. Para lograr este salto en la producción de hidrocarburos, se tiene previsto abrir una gran proporción del territorio nacional −incluidas inmensas extensiones del mar territorial− a la explotación de petróleo y gas (Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, 2005). Dada la extraordinaria magnitud de las reservas y el salto en escala de producción programado, y las complejidades tecnológicas de la explotación de estos crudos pesados, extra-pesados y de las arenas hidrocarburíferas de la Faja del Orinoco, están contempladas inversiones masivas de empresas trasnacionales de todas partes del mundo, bajo la figura de empresas mixtas. Las características de estos crudos implican inevitablemente que su explotación habrá de tener un impacto ambiental y sociocultural muy superior a la explotación de los crudos tradicionales.
La centralidad que a futuro se le otorga a los hidrocarburos en el modelo productivo del país aparece en forma expresa en el primer plan nacional de desarrollo denominado como socialista; el “Proyecto Nacional Simón Bolívar” (República Bolivariana de Venezuela, Presidencia, 2007). Uno de los siete ejes u objetivos que definen este proyecto de desarrollo es el de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial”. De acuerdo a este proyecto: “El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista.”
Otra expresión de la medida, en que hay una continuidad fundamental en el patrón energético basado en los hidrocarburos, son las políticas en relación con el mercado interno. El litro de gasolina “ecológica” del más alto octanaje se vende en Venezuela a un precio altamente subsidiado de entre dos y tres centavos de dólar. Este masivo subsidio inevitablemente ha fomentado un incremento sostenido en el consumo de hidrocarburos en el país, reafirmando de esa manera el despilfarro y la cultura rentista.
Las inversiones extranjeras más significativas de estos años han sido las chinas. Las modalidades de la relación con China como socio privilegiado confirman que la expansión de la industria petrolera está concebida como un proyecto estratégico de largo plazo. Respondiendo a la insaciable sed de la economía china por el suministro confiable y creciente de hidrocarburos, el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez informó que a cambio de créditos por un monto de 32 mil millones dólares11, el gobierno venezolano ha firmado contratos mediante el cual hipoteca a futuro el volumen de producción necesario para cancelar el crédito en petróleo12. El presidente Chávez habla sobre esta relación con China en los siguientes términos:
China está dando demostración al mundo, así lo creo, de que será la primera potencia mundial. Y eso es bueno para el mundo, porque se ha venido haciendo gran potencia, como ya lo es, sin atropellar a nadie, sin invadir a nadie, sin bloquear a nadie, sin atropellar pueblos ni imponer condiciones leoninas: sin violar la soberanía de los pueblos. Nosotros, lo decimos con modestia, todo el petróleo que necesite China para su crecimiento y consolidarse como gran potencia y seguir mejorando las condiciones de vida de su población, está aquí, y no solo crudo, también hierro13.
Procesos de cambio en democracia
Uno de los retos fundamentales de los actuales procesos de cambio consiste en la exigencia de lograr profundas transformaciones culturales y la construcción de nuevas modalidades del Estado que impulsen la articulación de estas sociedades plurales al interior de las fronteras estatales actuales. Estas fronteras, de origen colonial, que desconocen por completo toda la historia previa y el tejido sociocultural existente antes de la llegada de los colonizadores, ha sido asumida como inamovible por los gobiernos de estos tres países. En Venezuela, solo han sido cuestionadas por movimientos oposicionistas de la derecha cuando han considerado conveniente utilizar las amenazas separatistas como arma política. Esto implica que los procesos de cambio tienen que dar cuenta de la profunda heterogeneidad histórico-estructural existente al interior de estos territorios nacionales. A esto apuntan las nociones de plurinacionalidad, interculturalidad y decolonialidad (Walsh, 2008).
Estas nuevas/otras formas político-culturales solo serán posibles si se construyen democráticamente. Esto tanto por razones políticas pragmáticas, como por razones mucho más fundamentales referidas al tipo de sociedad que se busca construir. Los procesos de cambio actuales en el continente se han venido dando por la vía electoral, ello implica que la continuidad de estos gobiernos pasa necesariamente (a menos que se opte por interrumpir los actuales hilos constitucionales, algo que no parece estar en la agenda), por la preservación de la legitimidad política y un apoyo electoral mayoritario. En este sentido, las políticas públicas tienen el reto de contribuir a la trasformación de los imaginarios y sentidos comunes de las mayorías, sin distanciarse demasiado de esos sentidos comunes compartidos ya que ello llevaría a derrotas electorales14.
Pero, más allá del apoyo electoral, la historia nos ha enseñado lo que ocurre cuando un Estado busca imponer desde el poder, por la fuerza, políticas y reorganizaciones de la sociedad en contra de la voluntad de amplios sectores de la población. Conocemos cuáles fueron los dramáticos impactos de los utopismos autoritarios que impusieron la colectivización de las granjas soviéticas, o la Revolución Cultural China. No solo significaron costos humanos extraordinariamente elevados, sino que tuvieron como consecuencia la pérdida de la legitimidad de los proyectos revolucionarios, con lo cual se socavó severamente la posibilidad de continuidad de los procesos de transformación hacia una sociedad poscapitalista. Existen severos límites a las acciones que el Estado puede emprender en búsqueda de la transformación de la sociedad. Pretender sustituir las complejas y necesariamente lentas transformaciones y negociaciones interculturales de sociedades profundamente heterogéneas, por el uso crudo del poder del Estado tiene resultados conocidos. Es éste quizás uno de los aprendizajes fundamentales de los procesos revolucionarios del siglo pasado. El Estado, convertido en el sujeto o agente principal de la transformación, termina por imponerse de forma autoritaria, socavando así las posibilidades de la construcción de una sociedad democrática.
Una coyuntura histórica excepcional
Nos encontramos en una coyuntura histórica extraordinaria y difícilmente repetible en el continente. Los gobiernos llamados “progresistas” o de izquierda fueron electos como resultado de procesos de lucha y movilización popular muy amplios en los cuales jugaron un papel fundamental las organizaciones indígenas. A pesar de la continuidad existente en algunos ámbitos de las políticas públicas (en especial en el extractivismo primario-exportador), no son gobiernos de derecha. No son gobiernos monolíticos. Por su propio origen y composición, son gobiernos atravesados por tensiones, por contradicciones, por diversas tendencias. Las organizaciones populares, campesinas e indígenas, tienen como reto el reconocer estas tendencias e intentar incidir en ellas, buscando aliados para fortalecer las corrientes transformadoras y frenar las que impulsan el desarrollismo monocultural. La confrontación total con estos gobiernos, como si fuesen más de lo mismo, no puede sino contribuir a reducir la capacidad para incidir sobre dichas políticas.
Los obstáculos que enfrenta hoy la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y otras modalidades de relación de los humanos con la Madre Tierra, no residen solo en los gobiernos y en las políticas públicas. La cultura de estas sociedades es, como se ha insistido en este texto, profundamente heterogénea. A pesar de los resultados de los referéndums aprobatorios de las nuevas constituciones, las nociones del sumak kawsay y suma qamaña (con todas sus implicaciones como patrón civilizatorio), no constituyen hoy el sentido común compartido por la mayor parte de los habitantes de estos países. Cinco siglos de colonialismo y tres décadas de neoliberalismo han dejado profundas huellas. Los medios corporativos siguen jugando un papel medular en la reproducción del individualismo posesivo que identifica el “buen vivir” con los patrones estadounidenses de consumo material. Poblaciones excluidas, con acceso limitado a las condiciones de una vida digna, le exigen a estos gobiernos desarrollo, políticas de empleo, de salud, educación, seguridad social. No son tampoco nítidas y simples las contradicciones entre las aspiraciones de los pueblos indígenas y las políticas de estos gobiernos, especialmente si las políticas sociales de estos gobiernos están llegando a las bases de las organizaciones indígenas. Estas contradicciones y tensiones se reproducen al interior de los propios pueblos y comunidades indígenas, que son a su vez heterogéneos y que han sido profundamente impactados por la historia colonial. Si la dirección de las organizaciones no reconoce estas tensiones en su propio seno (las demandas sociales inmediatas que hoy formulan muchas comunidades indígenas), se abre la brecha para que las políticas asistencialistas de los gobiernos (incluso, como en el caso venezolano, directamente modernizadoras/colonizadoras), socaven a estas organizaciones desde sus propias bases.
Ante lo que aparece como crisis terminal del modelo civilizatorio depredador del capitalismo, están en juego −como se señaló arriba− profundas transformaciones en el sentido común de estas sociedades, exigiendo otra organización democrática de la vida colectiva que sea pluricultural y capaz de vivir en armonía con la Madre Tierra. No basta con una nueva constitución o un cambio de gobierno. El arduo proceso de transformación cultural requerido, no puede, de modo alguno, ser reducido a la acción de las políticas públicas, ni puede esperarse que ocurra en términos inmediatos.
Si estos gobiernos son derrotados, no parece haber perspectivas, ni a corto ni a mediano plazo, de que sean sustituidos por gobiernos más capaces de impulsar la agenda de las organizaciones populares, campesinas e indígenas. Por el contrario, la derrota de estos gobiernos, cuya estabilidad y/o continuidad ha estado en estos años severamente amenazada, podría conducir al retorno de la derecha racista que le daría prioridad a los intereses empresariales sobre los intereses populares. Las fundamentales conquistas de estos años serían rápidamente revertidas.
Las urgencias que plantea la crisis de la civilización hegemónica, los acelerados procesos depredadores de destrucción del planeta, no permiten posponer hacia un futuro la tarea, ni siquiera a mediano plazo, de detener la maquinaria destructora del capitalismo. Para ello es indispensable contar con todas las alianzas posibles. Son indispensables políticas que, a pesar de los inevitables obstáculos que se enfrentan y seguirán enfrentando, le den prioridad a los objetivos fundamentales sobre los conflictos coyunturales. Tenemos que responder colectivamente −en forma dialogada, negociada democráticamente, necesariamente conflictiva, pero con reconocimiento y respeto recíproco− a los complejos retos prácticos de dar pasos hoy en vías a la transición del extractivismo, a una sociedad del buen vivir.
Hay severas carencias y limitaciones e incluso serios retrocesos en estos procesos de cambio que pueden atribuirse a la inercia de la pesada maquinaria del Estado, a las resistencias burocráticas políticas que se producen al interior de éste, así como a la poca capacidad (y voluntad política) que han tenido las direcciones de estos procesos para ir combinado/explorando en las políticas públicas, las complejas relaciones entre las exigencias inmediatas de la gestión y la necesidad de dar pasos en la dirección de modelos productivos posdesarrollistas.
Sin embargo, los retos que confrontamos no residen solo en la construcción de consensos político-sociales o en la falta de voluntad política de los gobernantes. Estamos igualmente en presencia de severas carencias teóricas. Tenemos mucha más claridad sobre lo que rechazamos respecto a las características de la sociedad con la cual buscamos remplazar este patrón civilizatorio en crisis.
La crítica al desarrollo ha sido formulada con rigor y profundidad (Escobar, 2007). Hay múltiples experiencias comunitarias, locales y regionales que ilustran que existen modos de vivir y producir que constituyen alternativas al desarrollo. Sin embargo, es poca la experiencia y elaboración teórico-conceptual con la cual contamos en relación al ámbito de las políticas públicas encaminadas a construir alternativas al desarrollo y al extractivismo. Carecemos de propuestas de transición, políticamente viables en el corto plazo, capaces de irnos conduciendo desde el aquí desarrollista/extractivista, hacia una sociedad de posdesarrollo. Los ministerios de planificación o de desarrollo y los llamados “planes de desarrollo”, aún cuando sean denominados como planes del buen vivir, no constituyen los instrumentos más adecuados para estas novedosas exigencias. Estas herramientas de planificación y gestión pública no son herramientas neutrales. Constituyen la máxima expresión del modelo de Estado concebido desde finales de la Segunda Guerra Mundial como instrumento para el “desarrollo” de la sociedad, de acuerdo a los patrones monoculturales de occidente.
Es mucho lo que está en juego en estos procesos, no solo para América Latina, sino en términos de la posibilidad de avanzar en alternativas a la lógica depredadora que está socavando las bases de la vida en el planeta. Estos procesos latinoamericanos constituyen a nivel global, las opciones políticas societales más vigorosas al patrón civilizatorio en crisis. La derrota de estos proyectos constituiría un severo retroceso para las luchas anticapitalistas en todo el mundo.
Edgardo Lander
1. Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Fellow del Instituto Trasnacional (TNI), Ámsterdam. Involucrado en forma directa en la dinámica de los Foros Sociales Mundiales, de las Américas y Venezuela.
2. Las políticas de ajuste impuestas en el año 2011 por exigencia de “los mercados” en los países periféricos de la Unión Europea (Irlanda, Portugal, Grecia y España), llegando incluso a una reforma en España para prohibir constitucionalmente el déficit fiscal, son equivalentes a los ajustes estructurales del Consenso de Washington impuestas a América Latina en décadas anteriores. No hay razón para suponer que sus impactos no serán similares.
3. El “fin de la Historia” es una polémica que parte de un artículo por Francis Fukuyama en The National Interest, en 1989, donde éste pronostica el triunfo definitivo del liberalismo político y económico debido al hundimiento del bloque comunista (N. del E.). El “fin de la Historia” es una polémica que parte de un artículo por Francis Fukuyama en The National Interest, en 1989, donde éste pronostica el triunfo definitivo del liberalismo político y económico debido al hundimiento del bloque comunista (N. del E.).
4. El “decolonialismo” forma parte del pensamiento crítico latinoamericano (en la tradición de Walter Mignolo, Catherine Walsh, Edgardo Lander, entre otros) no arraigado al proyecto de la modernidad, y que toma como contribución intelectual la de los movimientos sociales de América Latina. Aníbal Quijano sitúa el desprendimiento del eurocentrismo como el primer paso del pensar “decolonial”, como un proceso histórico de desprendimiento epistémico y político (N. del E.).
5. nte amenazas golpistas de la derecha, la prioridad puede ser la defensa del gobierno. Superada la crisis, reaparecen otras agendas…
6. Cuando me refiero a la “naturaleza” o a la “llamada naturaleza”, suelo usar comillas porque quiero destacar que no me siento cómodo con seguir usando esta denominación. El viejo lenguaje reproduce sentidos comunes que buscamos superar. Si uno habla de la naturaleza o de los recursos naturales, está asumiendo una relación de exterioridad entre lo humano, la sociedad, la cultura, por un lado, y la naturaleza, por el otro. Esta es una visión binaria, occidental. Se está asumiendo que los bienes comunes de la vida son recursos para ser explotados a su antojo por los humanos. Entre la noción de recursos naturales y la Madre Tierra hay una distancia civilizatoria profunda.
7. Estas cifras son mucho más elevadas si se excluyen los datos de México, que con su particular modelo de relación con la economía de los Estados Unidos −en el cual juegan un peso tan importante la maquila y otras actividades de ensamblado para la reexportación− tiene estadísticas de comercio exterior que no expresan en forma adecuada el peso relativo del valor agregado de su producción industrial.
8. Ya en el año 2009, China había reemplazado a los Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil (Bridges, 2009).
9. Ésta fue promulgada como Ley 071, el 21 de diciembre de 2010.10. Declaraciones en Radio Nacional de Venezuela, 29 de junio, 2011, Caracas.
11. Ver “Faja del Orinoco producirá 4 millones de barriles de petróleo por día en 2014”, Aporrea, 16 de noviembre, 2011, Caracas.
12. Esta negociación también se dio en Ecuador, cuando el país negoció 2.000 millones de dólares como un pago anticipado de envíos de petróleo a China (ver “China firma crédito de 2.000 millones”, La Hora, 28 de junio, 2011, Quito).
13. Declaraciones en Venezuela de Televisión, 18 de abril, 2010, Caracas.
14. Aquí se juegan muchas de las tensiones que en los debates clásicos de la izquierda fueron conceptualizados como confrontaciones entre reforma y revolución. En el contexto geopolítico global contemporáneo, ¿cuán radicales a corto plazo pueden ser las transformaciones impulsadas por gobiernos que cada cierto tiempo tienen que someterse a una consulta electoral?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire