Por José Seoane, Emilio Taddei , Clara Algranati
Entre el final de los años ´90 y principios del nuevo siglo se inició en Nuestra América latina y caribeña un periodo signado por la profundización de los cuestionamientos a la hegemonía y legitimidad del modelo neoliberal capitalista forjado en la región en las décadas precedentes. Ello fue el resultado de la conjunción de un ciclo de luchas y emergencia de movimientos populares en crecimiento desde mediados de los ´90 y el impacto social de un nuevo episodio de recesión y crisis económica a nivel regional.
Esta crisis de legitimidad del neoliberalismo se expresó, entre otros modos, bajo la forma de una crisis de hegemonía graficada en la capacidad destituyente conquistada por las clases y grupos subalternos cuya acción precipitó la caída de seis gobiernos durante los cinco años que median entre el 2000 y el 2005 abriendo en muchos de estos casos significativos procesos de cambio. En otros casos, dicha crisis se reflejó en la conformación de mayorías electorales que dieron el triunfo a coaliciones partidarias que se distinguían por un discurso crítico de las políticas aplicadas en los años anteriores. Aún con las diferencias que este proceso adoptó en el contexto de las distintas experiencias nacionales, a lo largo de este período se transformó profundamente el panorama regional consolidado en la década precedente, marcando un quiebre de la hegemonía neoliberal y del pensamiento único, frustrando o demorando las iniciativas de recolonización continental en curso y actualizando las potencialidades de avanzar en un proyecto de transformación social con programáticas y horizontes emancipatorios renovados y revitalizados. Procesos que hicieron de Nuestra América uno de los territorios más relevantes en el terreno de las resistencias y las alternativas al capitalismo neoliberal a nivel global.
La valoración de estos cambios, de las fuerzas en pugna y de cómo enfrentar los desafíos planteados suscitó y suscita aún un intenso debate al interior del pensamiento crítico latinoamericano. Los cambios de década, en este caso a casi diez años del inicio de este proceso que someramente hemos retratado, suelen plantear la oportunidad de un balance en base a la posibilidad de una mirada de mayor perspectiva sobre las tendencias “gruesas” y los procesos ya “maduros”. Sin embargo, con ánimo de aportar a este debate debemos advertir contra la tentación de considerar a estos diez años como un período homogéneo de evolución lineal, de fines ya anticipados, de un espíritu inmanente que avanza o retrocede según donde se mire. Por el contrario, es más apropiado visualizar el escenario como una serie de batallas, ganadas y perdidas, que aceleran, ralentizan o reorientan el espacio-tiempo societal y los procesos socio-políticos, y que, en su condensación, permiten la periodización y la delimitación de las fuerzas y los proyectos en pugna. En esta dirección, nos interesa proponer cinco consideraciones breves –tal vez un tanto esquemáticas por lo exiguo del espacio disponible- que, sin ningún ánimo de exhaustividad, entendemos pueden contribuir a la reflexión sobre los desafíos que afronta hoy el proyecto emancipatorio de la construcción de Nuestra América.
1.- Tres proyectos en disputa, tres momentos de la confrontación
Si podemos afirmar entonces que los primeros años de la década del 2000 estuvieron signados por el estallido y avance de una crisis de legitimidad del neoliberalismo –con sus distintas intensidades y características nacionales-; en los años siguientes se condensaron los diferentes procesos de cristalización sociopolítica de salida a dicha crisis en el contexto de un nuevo ciclo de crecimiento económico regional. El quiebre de la hegemonía neoliberal capitalista dio pasó así a un panorama latinoamericano mucho más heterogéneo.
En parte de Nuestra América, debe recordarse, las fuerzas conservadoras derrotaron o neutralizaron las aspiraciones de cambio y se impuso la continuidad de similar recetario bajo renovadas características. Bautizado como “neoliberalismo de guerra” (González Casanova, 2002) este proyecto supuso la profundización de la matriz extractiva exportadora bajo control trasnacional y de los procesos de recolonización político-económicos –una de cuyas expresiones fueron los tratados de libre comercio - así como buscó en la recreación de un “estado de naturaleza” hobbesiano nuevas legitimidades para promover un proceso de militarización de las relaciones sociales orientado a criminalizar y disciplinar la vida y acción de las clases y sectores subalternos, en particular de aquellos más castigados por la intensificación del patrón de acumulación en curso. Ejemplo de ello es el gobierno fraudulento de Felipe Calderón en México y su llamada “guerra contra el narcotráfico” que desencadenó un círculo de violencia y militarización creciente con un saldo de 45.000 muertos en casi cinco años y la pública promoción estadounidense de un “Plan Colombia” para este país; aunque claro su modelo más consagrado a nivel internacional siga siendo el régimen colombiano.
Es en parte de América del Sur entonces donde efectivamente se concentran las principales experiencias que parecen plantear caminos de salida del neoliberalismo. La evaluación de las mismas, de sus contrastes y semejanzas y del horizonte posneoliberal que efectivamente señalan es motivo de debate. Proponemos entenderlas desde la capacidad de hegemonía y las disputas entre otros dos proyectos, además del ya mencionado anteriormente.
Uno recibe el nombre de “neo-desarrollismo” por recuperar la retórica regional del desarrollo de décadas pasadas , y se afirmó, en gran medida, como orientación hegemónica en las experiencias de Argentina y Brasil. Se caracteriza por su aspiración a reconstruir la autoridad estatal y su papel en el sostenimiento de ciertas actividades industriales, la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista y la restitución del monopolio de la política al Estado y las mediaciones partidarias asegurando las bases de su legitimidad en cierta recuperación del empleo y con una serie de políticas sociales compensatorias de carácter masivo. En este caso, los cambios acontecidos en el terreno de las políticas públicas supusieron un desmontaje de determinados instrumentos y orientaciones neoliberales prevalecientes en los ´90 al tiempo que aseguraban la continuidad del carácter capitalista de la formación social. Así, la conflictividad y potencia de las clases subalternas quedaron encapsuladas al interior del bloque dominante y su horizonte societal, restringiendo los cambios a la modificación de los equilibrios y pactos a su interior.
Otro proyecto que se delinea en el escenario sociopolítico regional es el conocido bajo las referencias al “socialismo del siglo XXI” o al “socialismo comunitario”; nos remite a un proyecto popular de cambio social que, en oportunidades anteriores, hemos preferido llamar como “proceso constituyente” (Seoane, 2008) y que bien puede visualizarse en los trazos de las experiencias venezolana, boliviana y, hasta cierto punto, ecuatoriana aunque su cristalización es a la vez menos y más abarcativa que un gobierno, unas políticas públicas o un Estado en la medida que su fuerza reside en la praxis de los sectores subalternos y su horizonte en un cambio societal. En su sentido más transformador, este proyecto aspira a la transformación de la matriz liberal-colonial del Estado en el marco de una democratización radical de la gestión de los asuntos comunes contracara de una redistribución del ingreso y la riqueza en base a los recursos aportados por la apropiación, propiedad y gestión publico-estatal de los sectores económicos más dinámicos y/o estratégicos.
Las disputas sociopolíticas y el campo de las relaciones de fuerza entre estos tres diferentes proyectos ofrecen una perspectiva para analizar y comprender tanto los diferentes procesos en curso en nuestra región como la dinámica que asume la conflictividad en cada caso nacional y la conformación y papel de las coaliciones sociopolíticas que, con diferente grado de constitución y recortando un espacio que agrupa fragmentos de diferentes partidos políticos y distintos aparatos del Estado, aparecen encarnando estos tres proyectos y las tensiones que se plantean entre los mismos.
Finalmente, el final de la década estará signado por las señales del inicio de un nuevo período en la confrontación regional. En sus inicios, el mismo se caracterizará por una ofensiva restauradora promovida por los poderes imperiales, por las fracciones más conservadoras del bloque dominante y por las fuerzas socio-políticas más retrógradas en el ámbito nacional y se proyectará como respuesta y utilización del nuevo episodio de la crisis económica internacional abierto en 2008. En este sentido, el golpe de estado en Honduras de mediados de 2009 resultó una señal indudable del relanzamiento de la iniciativa estadounidense en el continente orientada a neutralizar y abatir los procesos de cambio en curso y reconquistar el control sobre un territorio que considera su área de influencia natural; ahora bajo la nueva legitimidad que ostentaba la presidencia de Obama.
2.- Clases y movimientos sociales: los retos de los sujetos para el cambio social
En muchos casos, estas nuevas ofensivas conservadoras tomaron fuerza en un contexto previamente instalado de descenso de la capacidad de lucha y pérdida de centralidad política de la acción de las clases y grupos subalternos y de sus proyectos de cambio; que, con las diferencias nacionales del caso, había sido caracterizado como reflujo, retroceso e, incluso, derrotas relativas. Ello facilitaba el ejercicio de aquellos dispositivos hegemónicos que permanentemente tienden a invisibilizarlas desplazando la comprensión de las dinámicas socio-políticas hacia otros actores, figuras o campos de acción como el Estado, los gobiernos o los liderazgos político-partidarios. Sin embargo, una mirada sobre el pasado reciente ofrece un panorama bien distinto, donde las resistencias efectivas al régimen neoliberal hunden sus raíces en ese ciclo de conflictividad social que se inicia en la región a mediados de la década de los ´90. Un ciclo protagonizado por ciertas fracciones y grupos subalternos –particularmente aquellos de los más afectados por la lógica de desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo- y que, en condiciones extremadamente severas y en el marco de una gran asimetría de fuerzas, construyeron marcos identitarios, organizaciones y dinámicas de acción colectiva que, cuando emergieron a la luz pública, recibieron el nombre de movimientos sociales. El generalizado uso de este concepto en el campo del pensamiento crítico, más allá de las ambigüedades y diferentes interpretaciones que convoca, sirvió en un primer momento para reconocer y, en cierta medida, dar cuenta de las novedades que caracterizaban a estos sujetos de la confrontación antineoliberal; aunque la comprensión cabal de estas novedades esté aún pendiente de la recuperación y renovación de la perspectiva del “análisis de clase” a la luz de las experiencias históricas recientes y a una visión no determinista del cambio social (Seoane, Taddei y Algranati, 2008).
En similar dirección, en el terreno de la acción política, la forma campesina, indígena y/o teritorial-urbana de muchos de estos movimientos retrotrajo una discusión sobre los sujetos y la emancipación que hoy encuentra en la noción de un sujeto emancipatorio plural y complejo el punto de partida necesario e imprescindible para dar cuenta de la multidimensionalidad de la transformación planteada. Una cuestión que ya fuera señalada en el pasado por otros movimientos como el de mujeres, el feminismo y el del reconocimiento de la diversidad sexual, cuyas luchas y aportes al proyecto emancipatorio fueron también históricamente invisibilizados. En similar dirección, la praxis de estos movimientos –particularmente el movimiento indígena con su cuestionamiento al patrón colonial del poder- renovó y enriqueció las programáticas y horizontes emancipatorios con una hondura estratégica que reclama todavía ser asumida en toda su dimensión para ser coherentes con la máxima mariateguiana de que el socialismo indoamericano no puede surgir del calco ni la copia.
En la práctica socio-histórica, nacidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas, de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y urbes, estos movimientos se constituyeron con capacidad de articulación y peso nacional en un recorrido que ampliaba su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional y era jalonado por movilizaciones y levantamientos. Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituían en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, sin trabajo, sin techo), de las condiciones sociopolíticas sobre las que se erigía la desposesión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas). En el ciclo de resistencia al neoliberalismo se entrecruzaban y a veces convergían con otros sujetos urbanos donde también nuevos procesos de organización tenían lugar, los trabajadores -especialmente los del sector público-, los estudiantes y jóvenes, los sectores medios empobrecidos. La amplitud y brutalidad de la apropiación y concentración del ingreso y la riqueza bajo esta fase neoliberal sentaban las bases materiales de estas convergencias. Cuando ésta se produjo, con la suficiente intensidad, los sectores subordinados irrumpieron en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal imponiendo con insurrecciones y levantamientos no sólo la caída de gobiernos sino también la legitimidad callejera como sustento de una soberanía popular recobrada. En estos procesos fueron decisivas las alianzas con sectores urbanos y la proyección de la conflictividad al territorio de las grandes ciudades, que fue alimentado particularmente por los efectos de la crisis económica de proyección regional que se prolongó, con idas y vueltas, entre 1998 y 2003.
La recuperación económica posterior que alcanzó en numerosos casos la magnitud de un nuevo ciclo de importante crecimiento económico y la apertura del estrecho núcleo de beneficiarios económicos y políticos que había caracterizado al neoliberalismo de los ´90 fueron dos factores nada despreciables en la ruptura de este “frente único” antineoliberal y en el aislamiento, fragmentación, neutralización política y corporativismo que, en muchos casos, se impuso en la conflictividad social y en la lógica de acción de los grupos subalternos. Así, sea con el proyecto del “neoliberalismo armado” en el reclamo “fascistizante” de mayor seguridad o con el “neodesarrollismo” y las expectativas y mejoras que conllevó en el terreno de lo económico y de lo político; amplias fracciones de las clases y grupos subalternos fueron interpelados con éxito por la construcción hegemónica del bloque dominante u orientaron su fuerza como apoyo y aliada en las disputas al interior del mismo. Las profundas amenazas y límites que entrañan ambos proyectos otorgan una relevancia especial al desafío de elucidar los caminos –siempre complejos, claro está- de construcción de un proyecto de transformación social propio –autónomo- de los sectores subalternos. Abordar este desafío inquiere especialmente a los que hicieron de la “autonomía” su anatema en los debates pasados, ¿será que, como suele decirse, no se habrá arrojado a la criatura con el agua?
3.- Estado y autonomía: el desafío de salir de la matriz liberal-colonial
Una de las características de los movimientos sociales que protagonizaron el ciclo de luchas sociales de las últimas décadas fue la de una praxis que reactualizaba y enriquecía la propuesta de autonomía de los sectores subalternos que caracterizó los proyectos de cambio social en el pasado. En este caso, una serie de prácticas colectivas vinculadas a la autogestión, a la satisfacción colectiva de ciertas necesidades sociales o a formas de gestión colectiva de los asuntos públicos repusieron esta problemática que tuvo en la demanda de las autonomías territoriales indígenas uno de sus propuestas más conocidas. No se trataba, a nuestro entender, como en algunos casos se interpretó, de un “autonomismo autista”, “individualista” o “micropolítico” sino de un proyecto de autonomía y cambio social que se construía en la propia tensión de grupos sociales que no podían vivir con el Estado pero tampoco sin el Estado, y asimismo tampoco podían hacerlo en el mercado ni fuera del mismo (Quijano, 2004). Así, en el sentido de un proyecto popular de cambio social, la autonomía implicaba un cuestionamiento radical a la matriz liberal-colonial del Estado así como marchaba unida indisolublemente al reclamo de una democratización radical de la gestión de los asuntos públicos. Pero este potencial crítico muchas veces tropezó con el límite de considerar a la autonomía fundamentalmente en referencia al ámbito de lo político-estatal, enfatizando la diferenciación entre sociedad política y sociedad civil con el riesgo de remedar la perspectiva liberal, lo que dificultó entender que la dimensión fundante de la misma se delimita en relación (de enfrentamiento) con las clases y grupos dominantes; como núcleo de un proyecto que va más allá, pero también, más acá del Estado.
Estas dificultades se agudizaron cuando las diferentes salidas planteadas a la crisis de legitimidad del neoliberalismo vivida en la primera parte de la década del 2000 supusieron, aunque ciertamente de distintas maneras, un retorno de la problemática del Estado. Pero ello tuvo lugar en un sentido bien distinto del previsto por la mayoría de los críticos del “autonomismo ingenuo” que también abrevaron, a sabiendas o no, en la matriz binaria Estado-sociedad civil clásica del pensamiento liberal enfatizando, en este caso, el término estatal . Ya en 2004 Francis Fukuyama –uno de los publicistas más conocidos de la “globalización neoliberal” de los ´90- alertaba sobre una comprensión exagerada del “Consenso de Washington” y llamaba a construir Estados fuertes para garantizar la gobernabilidad neoliberal (Fukuyama, 2004). En esta dirección, el proyecto del “neoliberalismo armado” descargó sobre los movimientos más activos y críticos el peso de una feroz y creciente represión tendiente a criminalizar la acción colectiva de las clases y sectores subalternos. El creciente número de activistas asesinados, perseguidos, amenazados, detenidos y condenados en nuestro continente es sólo una muestra trágica de ello. En igual dirección; las campañas nacionales y regionales contra la criminalización y la libertad de los detenidos se convirtieron cada vez más en una de las acciones centrales de los movimientos y de las convergencias continentales en los últimos años. Por contrapartida, la estrategia “neodesarrollista” supuso también el fortalecimiento del Estado que ahora pretendía volver a reclamar con éxito, para él y para las mediaciones partidarias legítimas, el monopolio de la política pública regresando a los movimientos sociales a su papel liberal clásico, el de defensores de intereses particulares en el terreno social, cambio que además -en ciertos aspectos- parecía ofrecer la posibilidad de obtener ciertas satisfacciones corporativas. Así, el descabezamiento o integración del proyecto político germinado en la práctica de los movimientos sociales era la contracara de la restauración de la legitimidad de una elite político-profesional a la que eran también incorporados algunos de los cuadros dirigentes de estos movimientos. Ambas estrategias se combinaron en la vieja fórmula del carácter bifronte de la dominación ya referida por Gramsci y tantos otros, jugando un papel central en la derrota y reflujo de la capacidad de acción de las clases subalternas
Por otro lado, el avance del proyecto popular de cambio social, particularmente en la experiencia boliviana y venezolana, se expresó en la programática de una democracia participativa y de un Estado plurinacional, cuestiones que condensaban un proyecto de crítica y transformación de la matriz liberal-colonial del Estado vinculado a una creciente capacidad de autoactividad, organización y gestión de las clases y grupos subalternos. La riqueza y radicalidad de este programa –elementos que todavía el pensamiento crítico no ha calibrado en toda su dimensión- implicaban orientar una transición que demandaba, en simultáneo, la resolución de la gestión pública a partir de la vieja maquinaria político-burocrática del Estado en el camino de su transformación y desmontaje. Como en ocasiones pasadas, la disputa por la orientación de la transición se convirtió en el terreno decisivo de la marcha de estos procesos. La ausencia de cuadros preparados para dicha tarea, la creciente imposición de la casta de profesionales y especialistas, la burocratización y la corrupción, y finalmente la cooptación del “propio hacer” del aparato estatal y de su “eficacia” se conjugaron, junto a las alzas y bajas que atraviesan habitualmente la dinámica de la activación de las clases subalternas, para influir en el repliegue particularista o corporativo. Ciertamente, la historia de estas experiencias está lejos de estar cerrada. Su análisis obliga a distinguir entre el gobierno y el proceso, que refiere al complejo de relaciones de fuerzas, organizaciones y acciones de las clases y grupos sociales –en particular las fracciones subalternas- que pugnan al interior del proyecto de cambio en curso. Como fue dicho en ocasión de revoluciones pasadas y recordado en los últimos años en referencia a las experiencias de nuestro continente muchas veces el proceso de la revolución despliega sus fuerzas y avanza en respuesta a la reacción de la contrarrevolución.
4.- Los proyectos y disputas en el plano internacional: fuerzas y amenazas en la construcción de Nuestra América
Los tres proyectos que proponemos para orientar nuestro análisis comparten un elemento en común; se sostienen en gran medida en base a la explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza. Claro que uno lo hace en beneficio casi exclusivo del capital trasnacional y sus asociados, otro apelando a mayor regulación pública y a la apropiación estatal de una parte de la renta extraordinaria y el tercero promoviendo la propiedad pública de los mismos y un proceso de redistribución del ingreso y la riqueza.
Por otra parte, el similar perfil exportador, se diferencia también en las distintas orientaciones que asumieron la política internacional y la relación con el mercado mundial . Los cambios en este terreno se constituyeron en el marco de la derrota relativa del proyecto ALCA en la III° Cumbre de las Américas (2005), la frustración de las rondas de negociaciones en la OMC de Seattle (1999) y Cancún (2003) y los cuestionamientos y deslegitimación del FMI. En particular, la derrota del ALCA marcó la culminación de un proceso de luchas y crecientes cuestionamientos a la “globalización” y la política imperial y guerrerista estadounidense acentuada bajo el mandato de George Bush hijo; aunque no fuera suficiente para impedir que diez países de la América Latina y Caribeña -además de México que desde 1994 vivió los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- suscribieran entre 2003 y 2008 acuerdos de libre comercio con EE.UU. configurando en el plano regional la influencia ganada por el proyecto del “neoliberalismo de guerra”.
Por contrapartida, fue sobre las experiencias de lucha antiimperialista y los procesos de cambio a nivel nacional, que se delinearon y revitalizaron los proyectos de la integración latinoamericana. En 2004 Venezuela y Cuba dieron los primeros pasos de la ahora llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el propio MERCOSUR buscó consolidarse y ampliarse. Fue en definitiva la alianza entre ambos esquemas de integración –que expresaban en el plano de las relaciones internacionales a los proyectos del “neodesarrollismo” y del “cambio social”- lo que dio vida a la Unión de Naciones Suramericanas en 2008.
La UNASUR cristalizó y marcó una modificación importante del sistema interamericano tal como éste se había configurado a posteriori de la Segunda Guerra Mundial bajo la hegemonía de los EE.UU. con la OEA y el TIAR; y cumplió un papel valioso a nivel defensivo frente a los aspectos más provocativos de la ofensiva estadounidense. Sin embargo, las diferencias entre los distintos gobiernos y proyectos, el peso de una perspectiva que buscaba recrear un esquema multilateral en el terreno internacional y las estrategias que apostaban al liderazgo regional , dificultaron el desarrollo de una política efectivamente antiimperialista y de integración desde los pueblos . Similares dificultades se expresaron también, por ejemplo, en los obstáculos y demoras que enfrentaron y enfrentan iniciativas claves como Telesur (2005) y el Banco del Sur (2007), deudas que cobran mayor relevancia hoy ante los desafíos que plantea la crisis internacional en curso y su efectivo y potencial impacto en la región. En este contexto, la propuesta de una integración basada en la reciprocidad, la complementariedad y la cooperación y no restringida al comercio de bienes ni a los acuerdos interestatales como el ALBA se constituyó, más allá de sus límites, en la experiencia de integración más avanzada de un proyecto de transformación social y construcción de Nuestra América.
No por casualidad la nueva campaña regional promovida por los EE.UU. a partir del 2009 descargó su primer golpe con el derrocamiento del gobierno hondureño que había decidido integrarse al ALBA un año antes. Como ya mencionamos, este hecho fue una de las primeras campanadas de la ofensiva restauradora en el continente y marcó en la escena regional un trágico signo del nuevo momento de la confrontación sociopolítica que se iniciaba. En este camino, y con el objetivo de consolidar el control territorial y cercar a Cuba y Venezuela, se llevó adelante desde 2009 un acelerado redespliegue militar estadounidense en Centroamérica, el Caribe y el norte de América del Sur. Asimismo, se promovieron o apoyaron procesos de desestabilización o destitución en Bolivia (2008) y Ecuador (2010) y también, aunque menos explícitos, en Paraguay (2009 y 2010) y Guatemala (2009). Pero este aspecto militar no resume la ofensiva estadounidense en la región. No debe perderse de vista que ya a fines del 2007 un sector de los conservadores republicanos y los demócratas “clintonianos” compartían el diagnóstico de que para recuperar la iniciativa perdida en el continente y neutralizar el rechazo que despertaba el gobierno de Bush hijo era necesario restituir la capacidad de un “poder inteligente” (“smart power”) que en sustitución de la “guerra contra el terror” recurriera también a la diplomacia, el comercio, la ayuda al desarrollo, la cooperación y un mayor multilateralismo para reponer cierto liderazgo moral, y no sólo militar, de los EE.UU. (Nye, 2008). Ciertamente, esta estrategia difícilmente podía encontrar mejor rostro que el de Obama .
Poco más de diez años atrás, el ciclo de luchas y resistencias contra la mundialización neoliberal fructificó en una dinámica de convergencias sociales a nivel global que fue caracterizada como un “nuevo internacionalismo” y que se constituyó en una fuerza decisiva en la contestación a la mundialización neoliberal, al paradigma del libre comercio y los proyectos de recolonización. Y fueron estas experiencias y fuerzas las que dieron nueva vida al sueño de Nuestra América y a los proyectos y búsquedas de una integración desde los pueblos. Sin embargo, la suerte de estas convergencias y de estas luchas no fue ajena a lo que sucedió en el orden nacional en la región ni tampoco a los fuertes golpes sufridos por los movimientos sociales en Europa y EE.UU. a posteriori de la “batalla de Génova” (2001), la invasión y guerra en Afganistán (2001) e Irak (2003) y la reelección de Bush hijo (2004). Es en este contexto que frente al nuevo ciclo de crisis económica internacional, se ha intentado reponer a nivel global las mismas recetas y organismos internacionales (el FMI como ejemplo) que signaron la globalización neoliberal de los ´90. Pero ello está bien lejos de significar que las resistencias y convergencias mundiales y continentales hayan perdido relevancia.
A casi diez años de la primera edición del Foro Social Mundial, los primeros pasos dados por la “Articulación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA” promovida por el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y organizaciones campesinas, de mujeres y territoriales, entre otras del continente, en enero de 2009 en el marco del IX FSM en Belem, Brasil representa una de las iniciativas en marcha más importantes en el contexto de la nueva coyuntura regional para fortalecer las convergencias de las luchas y construir proyectos de largo plazo en respuesta a los desafíos que plantea la ofensiva conservadora.
Por otra parte, en los últimos meses, el impacto de la crisis alimentaria y su transformación en crisis política a partir de la serie de revueltas sociales que conmovió la estructura geopolítica de África del Norte y Medio Oriente así como la creciente movilización y protestas en Europa ante el ajuste “sinfín” promovido por los bloques dominantes como respuesta a la crisis económica dan cuenta de nuevos ciclos de conflictividad sociopolítica en ambas regiones que, aún sin modificar el contexto general que hemos reseñado anteriormente, revitalizan y replantean los horizontes forjados por el movimiento altermundialista en las décadas pasadas. Convocan a la memoria y actualización de las experiencias y programáticas acuñadas en el primer ciclo de movilizaciones contra la mundialización neoliberal (1996-2006) que diera vida al movimiento altermundialista haciendo más presente el desafío de la consigna: “globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”.
5.- Hacia atrás, hacia adelante: la centralidad de las luchas por los bienes comunes de la naturaleza
El ciclo de crecimiento económico desplegado en la región a partir de 2003 acentuó dramáticamente las consecuencias de la acumulación por desposesión de los bienes comunes de la naturaleza. Y aún en el periodo posterior al estallido del último episodio de la crisis económica internacional el crecimiento del precio de algunos commodities se tradujo en el crecimiento económico de estos sectores y de su peso político-social. Así, si bien la región pareció quedar fuera del impacto recesivo de la crisis, ésta se expresó en la consolidación y profundización del modelo primario extractivo exportador bajo la forma de una serie de iniciativas orientadas a acentuar la privatización y mercantilización de dichos bienes (GEAL, 2011) y que dio nueva fuerza a la ofensiva de los sectores más conservadores. Paralelamente, en muchos de nuestros países la conflictividad social y las disputas sociopolíticas alrededor de dichos bienes naturales se intensificó; sea en el cuestionamiento a la devastación ambiental y social y a su privatización y mercantilización, sea en la disputa por la distribución de los ingentes beneficios derivados de su explotación, sea en el proyecto político sobre la transformación de su propiedad y gestión, o en el cuestionamiento a la épica del desarrollismo, o a los proyectos e iniciativas de recolonización del continente. Los bienes comunes están en el centro de estas confrontaciones.
No necesariamente estas luchas, que convocan a diferentes sujetos sociales, supieron o pudieron articularse, enfrentadas a sus propios límites y a poderosas estrategias de neutralización de su potencial sociopolítico (Seoane, 2011). Pero aun en el contexto defensivo que, como hemos reseñado, afrontan los movimientos populares en muchos de nuestros países y con las complejidades que estos escenarios plantean , los caminos de la construcción de un proyecto popular de cambio social están estrechamente vinculados a las alternativas en relación con el uso y gestión de los bienes comunes de la naturaleza.
Similar cuestión se plantea en el plano internacional, en la batalla contra los verdaderos responsables del cambio climático que está modificando, a golpes de catástrofes e inclemencias, la vida en el planeta y amenazándola con su extinción. Y entonces, la consigna adoptada recientemente por muchos de los movimientos y organizaciones que se movilizan por una efectiva respuesta ante la crisis climática se nos vuelve tan propia: “cambiemos el capitalismo, no el clima”.
Ciertamente, los movimientos sociales y los pueblos de Nuestra América y del mundo afrontan la magnitud de una crisis que en sus diferentes aspectos (económico, ambiental, alimentario, energético, de guerra y militarización) tiene la profundidad de una crisis civilizatoria (Lander, 2010). No es sólo el horizonte lejano de las luchas, sino también y especialmente la interpelación urgente de la coyuntura. La década se cierra con luces y sombras, con nuevos y viejos desafíos, sobre ello hemos intentado aportar elementos para un balance que contribuya con la reflexión de fondo que todavía es deuda del pensamiento crítico. Entre todo lo reseñado, se encuentran las programáticas y horizontes emancipatorios surgidos, discutidos, explorados en estos más de diez años de luchas y organización de las clases y grupos subalternos. Ofician de brújula estratégica frente a los retos que se abren hacia adelante.
* José Seoane, Sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA, Argentina) y miembro del Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL)
Emilio Taddei, Doctor en Sociología, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA, Argentina) y miembro del Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL)
Clara Algranati, Socióloga, profesora et membre de l’Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA, Argentina) e integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL).
Notas
(1) Nos referimos a los gobiernos de Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; de Gonzalo Sanchéz de Losada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia; de Fernando de la Rua (2001) en Argentina; y de Alberto Fujimori (2000) en Perú. En este breve sumario habría que mencionar también la resistencia popular victoriosa frente al intento de golpe de estado en Venezuela (2002) y el ciclo de polarización y confrontación que le siguió hasta el referéndum revocatorio presidencial (2004); la iniciativa de la caravana zapatista “por la dignidad indígena” en México (2001) y, en el plano continental, la derrota relativa del proyecto del ALCA en la III° Cumbre de las Américas (2005).
(2) El más claro índice del alcance de dicho proceso de recolonización resulta la firma y puesta en vigencia de Tratados de Libre Comercio entre diferentes países y regiones de América Latina y los EE.UU. entre 2003 y 2009 así como la creciente intervención estadounidense en el control militar-policial de los territorios nacionales viabilizado, entre otros dispositivos, a través del creciente despliegue de fuerzas y asesores militares y de seguridad en el continente y de los pactos militares y de seguridad que amparan dicho despliegue.
(3) La problemática del desarrollo ocupó un lugar importante en el debate y experiencias latinoamericanos de la segunda mitad del Siglo XX. Asociada con los objetivos de industrialización y modernización de las sociedades de los países periféricos, la temática del desarrollo adoptó diferentes significados según los momentos históricos. Si a nivel internacional dicha cuestión formó parte de la referencia promovida por los EE.UU. en la configuración del orden internacional de posguerra; en la región tuvo un sentido distinto a la luz de las experiencias nacional-populistas (el primer peronismo en Argentina; el varguismo en Brasil) y la elaboración de la llamada “Teoría del desarrollo” en el ámbito de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los límites y fracasos de estas experiencias marcarán la aparición de un “desarrollismo realmente existente” en la región a fines de los años ´50 y principios de los ´60 que, en muchos casos bajo dictaduras, buscará conciliar la pretensión industrializadora con una determinante presencia del capital extranjero y esquemas distributivos regresivos. La consolidación de la fase neoliberal capitalista en las décadas de los ´80 y ´90 reemplazará la agenda del desarrollo por la del crecimiento económico y la estabilidad.
(4) En referencia a que en estos casos se llevaron adelante procesos de reformas constitucionales.
(5) En el caso ecuatoriano, el rumbo adoptado por el gobierno a partir del final del proceso de aprobación de la nueva Constitución (2008) puede interpretarse en el sentido de la creciente influencia ganada por el proyecto neo-desarrollista expresado, entre otros aspectos, en la orientación asumida por la política pública hacia una serie de bienes comunes naturales (minería, hidrocarburos, agua) que precipitó y profundizó la confrontación con el movimiento indígena y, particularmente, con la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que fuera una de las protagonistas del ciclo de resistencia y confrontación con el régimen neoliberal en el pasado. La confrontación entre estos proyectos puede verse también al interior del gobierno, Estado y proceso de cambio en Venezuela y Bolivia.
(6) Con ello queremos señalar que, a nuestro entender, la mayor parte de los argumentos y posiciones vertidos en el riquísimo debate que tuvo lugar al interior del campo del pensamiento crítico durante estos años sobre la cuestión del Estado y la autonomía se situaron, si bien en las fronteras, pero aún dentro de la matriz del pensamiento liberal. Así la discusión tendió a reproducir las oposiciones clásicas de dicho pensamiento que, esquemáticamente, pueden verbalizarse en “más Estado vs. menos Estado”; “desde el Estado vs. fuera del Estado”.
(7) Diferencias y cambios que no se reducen a la reorientación de las relaciones comerciales del viejo núcleo del capitalismo desarrollado a la emergente China; que guarda más continuidades que rupturas respecto del patrón de reprimarización de la estructura económica.
(8) Vale tomar en cuenta que estos once países (México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana) representan un 44,5% del PIB total de los 32 países latinoamericanos y caribeños inicialmente comprometidos en las negociaciones según datos de 2009 (CEPAL, 2009).
(9) Particularmente de Brasil, en lo que ha sido llamado una reedición del subimperialismo; fenómeno ya estudiado, entre otros, por el intelectual y militante brasileño y latinoamericano Ruy Mauro Marini en referencia al ciclo desarrollista iniciado a mediados de los ´60 (Marini, 1977) y cuya obra merece hoy una renovada atención.
(10) La anunciada próxima constitución de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) importante en la constitución de un sistema interamericano sin la presencia de los EE.UU. y Canadá sin embargo puede ser acreedora de similares cuestionamientos.
(11) El ALBA integra actualmente a siete países –sin considerar a Honduras que luego del golpe militar se retiró del acuerdo. Estos son: Antigua y Barbuda; Bolivia; Cuba; Ecuador; Dominica; Nicaragua; Venezuela y San Vicente y las Granadinas.
(12) La ofensiva conservadora estadounidense en el plano internacional en el marco de la gestión Obama no se limita a América Latina o a la confirmación de la permanencia de la intervención militar-colonial en Asia (Irak y Afganistán principalmente). También en el terreno de los acuerdos ambientales, la retirada unilateral de EE.UU. del Protocolo de Kyoto bajo el gobierno de Bush hijo se profundizó en los últimos años con la promoción estadounidense de un nuevo acuerdo respecto de los compromisos sobre cambio climático que fuera presentado y convalidado entre las Conferencias de Copenhague (2009) y Cancún (2010) y que significa en los hechos la licuación de los ya limitados compromisos que imponían los acuerdos de Kyoto.
(13) Por otra parte, en el marco de las campañas internacionales y continentales en marcha debe considerarse aquella que se moviliza contra el cambio climático y en defensa del “Acuerdo de los pueblos” forjado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba, Bolivia (2010) y la lanzada entre 2009 y 2010 por el retiro de las bases extranjeras en la región y contra la ofensiva estadounidense “No a las bases”.
(14) Pueden referirse una larga serie de ejemplos de estas iniciativas. Entre otros, el paquete de decretos presidenciales promulgados por el gobierno de Alan García en Perú en 2008 que avanzó con la privatización de la amazonía peruana y reforzó el modelo minero en la sierra y que, frente al levantamiento indígena amazónico de 2009, respondió con la masacre de Bagua y la persecución y criminalización de los movimientos; o las medidas adoptadas por el gobierno mexicano de Felipe Calderón que intentó avanzar con la privatización de la petrolera estatal PEMEX entre 2007 y 2008, cerró la segunda empresa estatal de electricidad del país en 2009, y recientemente ha anunciado nuevamente su disposición de avanzar nuevamente con la privatización de PEMEX. En el mismo período se verifica un crecimiento exponencial de las concesiones mineras en Colombia así como en Chile avanza el proyecto de las represas de Hidrosén en el sur y se plantea la intención de privatizar la empresa estatal de cobre (CODELCO). En similar dirección, en estos años en Brasil, se ha registrado lo que ha sido considerado un proceso de contrarreforma agraria signado por la sanción legislativa en 2009 de la propuesta de legalización de la apropiación privada del Amazonas -cuyo desmatamiento ha aumentado en el último año casi un 150%- hasta la reciente aprobación de un código forestal que avanza en el mismo sentido.
(15) Hemos realizado un análisis más detallado de las dinámicas actuales de la confrontación social en la región en GEAL: 2011; allí, además de profundizar en las características del contexto defensivo general se refiere también al proceso de desarrollo desigual de la conflictividad social y la acción de los movimientos sociales en los diferentes países y subregiones en las que puede dividirse América Latina.
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Cette version a été publiée par le CETRI le 30 décembre 2011
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