José Seoane* y Emilio Taddei**
En noviembre de 1999 la “Batalla de Seattle” contra la tercera reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC, bautizada “Ronda del Milenio”) marcó el “acta fundacional” del movimiento altermundialista. Hoy, una década después de su “bautismo de fuego” en la escena internacional, este movimiento enfrenta la salida impulsada por los poderes sistémicos a la actual crisis capitalista que amenaza con profundizar los efectos y tendencias confrontados diez años atrás.
Asistimos, en la esfera político-institucional, a una tentativa de relegitimación del actual patrón de poder mundial (Quijano, 2000), que encuentra en la creación del G 20 su iniciativa más publicitada. De esta manera, se pretende ampliar la base de legitimidad y “gobernabilidad” del sistema mundo capitalista mediante la incorporación subordinada de las élites económicas y políticas de algunos países de la llamada “periferia” al otrora selecto club de las ocho potencias económicas, que por cierto no se ha extinguido. Este promocionado nacimiento del G 20 persigue limitar los efectos del cuestionamiento antisistémico al carácter profundamente antidemocrático del régimen de gobierno mundial, denunciado por los movimientos del Sur Global (Bello, 2007).
En el terreno económico las tentativas por recomponer la legitimidad de los mercados financieros se materializaron primero en la realización de rescates millonarios de bancos y de muchas empresas transnacionales, sin que esto haya evitado el despido de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. Se invoca ahora en los discursos oficiales la promoción de una “nueva era de desarrollo” y de prosperidad económica mundial, cuyos supuestos beneficios permitirían mitigar definitivamente los padecimientos sociales amplificados por la actual crisis. Sin embargo, esta respuesta supondrá la agudización de tres tendencias ya presentes: la profundización de los esquemas de recolonización asociados a la
explotación de los bienes comunes de la naturaleza, la agudización de las prácticas de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004) y la creciente difusión de los procesos de militarización a escala planetaria orientados a controlar y reprimir los procesos de resistencia social contra los efectos socioambientales y laborales generados por la crisis capitalista. La potencial agudización de estas tendencias acentuará el carácter antidemocrático y represivo que ya asume la globalización liberal en distintos países. Ello constituye un nuevo y significativo desafío para el movimiento altermundialista, así como para las organizaciones y experiencias populares y antisistémicas en general y el conjunto de la humanidad.
El balance de las resistencias que a lo largo de la última década nutrieron la experimentación de este “nuevo internacionalismo” resulta así de gran importancia para la formulación colectiva de los nuevos horizontes estratégicos y de alternativas civilizatorias al capitalismo. Ello nos convoca a comprender las características de los movimientos sociales de raigambre popular de América Latina y el Caribe surgidos en los procesos de resistencia sociopolítica al neoliberalismo desde mediados de los ‘90 y a puntualizar la decisiva contribución de estas experiencias en la breve pero intensa historia del movimiento altermundialista. Siendo además que, desde inicios del nuevo milenio, el peso de las experiencias latinoamericanas colocó a nuestra región en el centro del debate y la construcción de alternativas al neoliberalismo a nivel internacional.
1. En esta dirección puede considerarse la magnitud e importancia que cobran las movilizaciones y conflictos sociales en el año 2000 donde se concentran aquellas que precipitarán la caída de los gobiernos de Ecuador y Perú así como la llamada “Guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, que marcará el inicio de un ciclo de protestas en este país andino. Como antecedente de estos procesos a nivel electoral vale recordar la primera elección de Hugo Chavéz como presidente de Venezuela a fines de 1998.
2. El fracasado intento de golpe de estado en Venezuela en abril de 2002, abortado por la amplitud e intensidad de la movilización popular, y la llamada “Caravana de la Dignidad Indígena” en México en 2001 en reclamo del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y de la aprobación de una ley indígena en base a las demandas formuladas por el movimiento zapatista, finalmente desoído por el Parlamento, constituyen también dos hechos significativos del período de crisis de legitimidad del neoliberalismo.
Este artículo presenta un balance de las principales contribuciones de los movimientos sociales latinoamericanas a la construcción de este “nuevo internacionalismo”, que deben entenderse como el resultado de un complejo proceso de acumulación de fuerzas socio-políticas forjado en la confrontación contra las políticas neoliberales. Referiremos asimismo a algunos de los cambios y transformaciones sociopolíticas que atraviesan la región con el objetivo de comprender los desafíos y dificultades que enfrentan los procesos de articulación regional. El interrogante sobre como superar los impasses que signan hoy a estas experiencias, que muy lejos están de significar su eclipse, plantea responder simultáneamente sobre los desafíos que trazan los efectos de la crisis sobre los sectores populares latinoamericanos. Su impacto se combina con las tentativas desplegadas por el gobierno de Barack Obama de relegitimar las políticas de liberalización comercial y de control militar que evidencia, más allá de las intenciones enunciadas, la voluntad estadounidenses de profundizar su dominación imperial sobre la región.
La apertura del nuevo milenio en América Latina estuvo marcada por un sostenido proceso de movilización popular que cuestionó profundamente las políticas neoliberales, agudizadas hacia fines de siglo tras las sucesivas crisis financieras. Este proceso había comenzado a despuntar promediando la década de los ’90 con el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, que resultó emblemático de este nuevo ciclo, y se expresó ya desde entonces en un sostenido incremento del conflicto y las protestas protagonizados por nuevas organizaciones y movimientos sociales.
Con la llegada del nuevo siglo este proceso de resistencias sociales al neoliberalismo habrá de transformarse en un creciente y más amplio cuestionamiento de la legitimidad del régimen en su conjunto1. De esta manera comenzará a nivel regional un nuevo período que podemos llamar como el de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, que presentó dos rasgosdistintivos. Por un lado la difusión de levantamientos sociales e insurrecciones urbanas que, particularmente intensos en el área andina, desencadenaron crisis políticas que forzaron la renuncia de presidentes, la caída de gobiernos y la apertura de transiciones políticas2. Esta crisis de legitimidad se expresó asimismo en la aparición y conformación de mayorías electorales críticas a sus políticas, que rompían en el terreno electoral la hegemonía ganada por el neoliberalismo en la década de los ´90 y darían el triunfo a candidatos y coaliciones políticas caracterizados por una discursividad electoral condenatoria de las políticas aplicadas durante dicha década. Aunque, como señalaremos más adelante, estos procesos de cambios socio-políticos tuvieron sentidos y destinos muy distintos.
Los “nuevos” movimientos que protagonizaron el ciclo de resistencias sociales al neoliberalismo y cuyas acciones resultaron decisivas en la crisis de legitimidad que agrietaron los cimientos de la ciudadela neoliberal, se constituyeron con capacidad de articulación y peso nacional en un recorrido que iba de las periferias de los grandes latifundios y urbes a los centros del poder político y económico.Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituían en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, sin trabajo, sin techo), de las condiciones sobre las que se erigía la opresión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas).
En el ciclo de resistencia al neoliberalismo se entrecruzaban y a veces convergían con otros sujetos urbanos donde también nuevos procesos de organización tenían lugar, los trabajadores -especialmente los del sector público y los precarizados-, los estudiantes y jóvenes, los sectores medios empobrecidos (Seoane, 2008).
En relación a algunas características que permiten conceptualizar la “novedad” de estos movimientos hemos subrayado en oportunidades anteriores tres aspectos distintivos que, claro está, no agotan la riqueza de sus características (Algranati, Seoane, Taddei, 2006). Los procesos de “teritorialización social” y la revalorización y reinvención de la cuestión democrática aparecen como dos particularidades de estas experiencias cuyo tratamiento pormenorizado excede los límites de este artículo. Es importante sin embargo señalar que en relación a las mismas los movimientos sociales habrán de plantear una renovación profunda de la noción de la autonomía y del debate sobre la naturaleza del poder y el papel del Estado en el camino de la transformación y la emancipación social.
Una tercera característica, vinculada a la problemática específica de este artículo, ha sido la emergencia de coordinaciones en el plano regional o internacional entre distintos movimientos y organizaciones nacionales en lo que ha sido llamado a nivel mundial el "movimiento altermundialista”. Estas experiencias que tiñeron de manera profunda y singular la práctica de los movimientos sociales fueron consideradas como el surgimiento de un “nuevo internacionalismo” en función de las novedades que introducían en la recuperación de pasadas tradiciones de solidaridad y articulación socio-política a nivel mundial y que habían cristalizado, entre otras, en la historia de las Internacionales. En relación a ello, el internacionalismo actual se revelaba nuevo por el carácter eminentemente social de los actores involucrados (aunque no desligado, por si hiciera falta la aclaración, de inscripciones ideológico-políticas), por su heterogeneidad y amplitud que abarcaba desde organizaciones sindicales a movimientos campesinos, por la extensión geográfica que alcanzaban las convergencias; y por las formas organizativas y las características que asumieron estas articulaciones que priorizaban la coordinación de acciones y campañas (Seoane y Taddei, 2001).
Un breve recorrido por su genealogía nos conduciría desde las protestas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones en 1997 y 1998, la citada “batalla de Seattle”(1999), la creación y profundización de la experiencia del Foro Social Mundial (desde el 2001); las “jornadas globales” contra la intervención militar en Irak (2003); y el surgimiento y desarrollo de las campañas contra el libre comercio y la guerra que tuvieron su capítulo americano más significativo en la oposición al proyecto estadounidense del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y a los tratados comerciales con los EE.UU. La temprana presencia y participación de movimientos y organizaciones populares latinoamericanas en estos complejos y heterogéneos procesos de articulación política, atravesados de pulsiones anticapitalistas, constituyen un rasgo distintivo de esta experiencia que sin duda fue uno de los hechos políticos más importantes en el escenario internacional de inicios del siglo XXI.
A lo largo del pasado siglo XX los procesos de solidaridad regional encontraron un fértil terreno en la vasta geografía latinoamericana. Las campañas de defensa y apoyo a la revolución cubana y contra el bloqueo estadounidense; en repudio a las dictaduras militares conosureñas y en pos de la revolución nicaragüense son, en el período de posguerra, algunos de los ejemplos más salientes de esta amplia tradición. Esta supo también proyectarse a escala internacional en diferentes iniciativas revolucionarias y populares que se nutrieron de los procesos y luchas emancipatorias y antiimperialistas de los pueblos latinoamericanos.
En estrecha relación con esta tradición, la intensa experimentación altermundialista de la última década encuentra un antecedente a nivel regional, en la realización del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo celebrado en 1996 en Chiapas bajo la convocatoria del zapatismo, expresión de la gravitación que habría de ganar los movimientos indígenas en el nuevo ciclo de luchas latinoamericano.
El nacimiento y posterior desarrollo del Foro Social Mundial (FSM) en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 2001 fue también resultado de la impronta latinoamericana que marcó, a lo largo de sus nueve ediciones, la experiencia de este “parlamento de los pueblos”. La participación de movimientos y organizaciones de Nuestra América –en especial del Brasil– en la promoción y expansión del FSM fue desde sus inicios particularmente significativa en las sucesivas ediciones mundiales, regionales y temáticas. En relación a estas dos últimas cabe destacar, entre otras, la realización en tres oportunidades del Foro Social Américas (Quito, 2004; Caracas, 2006; Guatemala, 2008); del Foro Social Mesoamericano, cuya séptima edición tuvo lugar en 2008 en Managua, Nicaragua; del Foro Social Panamazónico en sus siete ediciones realizadas entre 2002 y 2009 y de las tres ediciones del Foro Social de la Triple Frontera (Puerto Iguazú, Argentina, 2004; Ciudad del Este, Paraguay, 2006; Foz do Iguaçu, Brasil, 2008). La realización del Foro Social Ecológico Mundial, en Cochabamba, Bolivia en 2008 habrá de coincidir y potenciar las Jornadas de movilización continental contra el golpe autonómico en Bolivia signado por la masacre de Pando.
Por otra parte, la activa participación y presencia de los movimientos sociales latinoamericanos en las Asambleas de los Movimientos Sociales del Foro, en particular del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina, contribuyó a nutrir las iniciativas altermundialistas con las experiencias de “reinvención democrática” (De Sousa Santos, 2002) características de muchas de las resistencias populares de América Latina y el Caribe.
A lo largo de la última década las articulaciones regionales estuvieron particularmente orientadas a confrontar con los llamados acuerdos sobre liberalización comercial y especialmente las sucesivas iniciativas norteamericanas de subsumir a los países de la región bajo un área de libre comercio de las Américas (ALCA). Estos procesos de resistencia, que supusieron tanto la constitución de espacios de coordinación a nivel regional (que agrupan a un amplio arco de movimientos, organizaciones sociales y ONGs) como el surgimiento de similares experiencias de convergencia a nivel nacional (por ejemplo las campañas nacionales contra el ALCA y luego contra los TLCs en Centroamérica, Colombia y Perú) resultaron, en el marco continental, expresión y prolongación del movimiento altermundialista.
En el período histórico que nos ocupa reconocemos tres momentos particulares de los procesos de convergencia y articulación de las luchas. Un primer período que se extiende entre 1996 y 2001 y que corresponde al lento proceso de rearticulación de las solidaridades regionales y su proyección internacional a partir de la intensificación de las resistencias populares contra el neoliberalismo. El referido nacimiento del Foro Social Mundial se inscribe en la temporalidad de este período durante el cual habrán de madurar los debates en torno a la centralidad que asume el proyecto imperial del ALCA en la consolidación de los procesos de liberalización comercial y mercantilización de la vida. Este ciclo corresponde también al nacimiento y al desarrollo de las articulaciones y convergencias continentales contra estos proyectos de liberalización comercial. En este primer ciclo, la experiencia regional se remonta a las protestas frente al (1994) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), la creación de la Alianza Social Continental (1997) y la organización de las dos primeras Cumbres de los Pueblos de las Américas (1998 y 2001) en oposición a las cumbres de los presidentes de los países que participaron en las negociaciones del ALCA.
El avance de las negociaciones gubernamentales en pos de la concreción del ALCA por un lado y la consecuente intensificación de las resistencias populares a este proyecto por otro, resultarán las características más distintivas del segundo período (2002-2005) que se cerrará con la derrota del ALCA y la creciente crisis de legitimidad de los proyectos hegemónicos de integración comercial. Durante estos años el movimiento desplegó una renovada capacidad de intervención política que se materializó en la organización entre 2002 y 2005 de los cuatro primeros Encuentros Hemisféricos contra el ALCA, en las campañas nacionales contra el ALCA y, en la región Mesoamericana, en la creación y desarrollo de los citados foros sociales mesoamericanos y del Bloque Popular Centroamericano. La realización de la multitudinaria Cumbre de los Pueblos de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata, Argentina,simbolizará, gracias a la acción directa y a la capacidad de incidencia de los movimientos sociales y a la presión político-diplomática de algunos gobiernos sudamericanos, la derrota definitiva de la iniciativa estadounidense del ALCA promovida por el gobierno Bush. La previa materialización en 2004 del TLC entre Chile y Estados Unidos constituirá durante este período un antecedente de las nuevas iniciativas imperiales promovidas en el período siguiente.
El fracaso de esta iniciativa marcará el inicio de un nuevo y complejo período en el cual habrán de reconfigurarse y profundizarse algunas de las tendencias referidas. En relación a esto pueden señalarse cuatro cuestiones que condicionaron los escenarios políticos nacionales y los procesos de integración regional. Su entendimiento remite tanto a las tentativas desplegadas por los Estados Unidos y las élites económicas en aras de la recomposición y relegitimación del orden neoliberal, como al efecto de los procesos de transformaciones políticas referidosanteriormente, su impacto en la reconfiguración de proyectos de integración regional y las estrategias de los movimientos frente a estas nuevas realidades.
En ese sentido, es importante desatacar en primer lugar que luego de la derrota del ALCA la estrategia imperial de promoción de libre comercio habrá de resignificarse en la promoción de los TLCs bi o plurilaterales, como signo característico de la política diplomático-comercial del gobierno Bush en los últimos años de su mandato. En el caso de la región andina esta estrategia implicó la negociación y conclusión de dichos acuerdos con Perú (2005) y Colombia (2006); siendo que sólo el primero obtuvo la ratificación parlamentaria estadounidense (2007) y consecuentemente ha entrado en vigencia (2009). Pero, por su dimensión regional y política la negociación y posterior puesta en marcha del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos constituirá el logro más importante de la estrategia desplegada por la potencia del norte. El complejo proceso de negociaciones iniciado en 2003 y la posterior materialización del mismo a partir de 2006 estuvo sin embargo atravesado por un intenso proceso de resistencia social en la región que, si bien no logró impedir esta iniciativa, sirvió a interpelar la legitimidad de la misma desde antes de su puesta en funcionamiento. El ajustado resultado del referéndum costarricense de 2007 en favor del CAFTA es el caso más emblemático de la fuerza conquistada por las campañas regionales.
Estas campañas, que también se articularon en torno a la denuncia de los esquemas hegemónicos de control territorial y militarización promovidos por Estados Unidos, contribuyeron también a denunciar y a deslegitimar la propuesta del Plan Puebla Panamá, y de su reformulación más reciente encarnada en la Iniciativa Mérida.
la protesta social y la criminalización de los sectores pauperizados y más castigados por las políticas neoliberales. La implementación de este diagrama represivo habrá de encontrar durante este período sus experiencias más consolidadas en aquellos países que convinieron acuerdos de libre comercio con los EE.UU (en especial en Colombia, donde el gobierno de Uribe intensificó la política de “seguridad democrática” y en México bajo el gobierno de Felipe Calderón). En respuesta a ello las campañas de resistencia enfatizaron en sus acciones y propuestas la denuncia del vínculo existente entre la promoción del “libre comercio” y los esquemas de militarización y criminalización de la protesta social en la región. A iniciativa de la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), el Grito de los Excluidos y Jubileo Sur entre otras organizaciones se organizarán a partir de 2003 y durante este período diversos Encuentros Hemisféricos contra la Militarización que articularán una campaña continental contra la bases militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.
Las resistencias a estos procesos y los cambios sociopolíticos a nivel nacional aceleraron durante los últimos años la reconfiguración de los acuerdos regionales y el surgimiento de proyectos de integración alternativa. Estos procesos constituyen la tercera característica de la
etapa abierta tras la crisis del ALCA y encontraron en la creación (2004) y posterior impulso de la Alternativa Boliviariana para las Américas (ALBA), la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR, 2008) y del Banco del Sur (2009) sus expresiones más importantes. En relación a la primera de estas experiencias merece destacarse que el ALBA (rebautizado recientemente como Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) que agrupa actualmente a nueve países será concebido, inspirado en la experiencia de los movimientos sociales en la lucha contra el libre comercio, bajo los principios de solidaridad, complementación y cooperación en aras de la erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales, la promoción del “desarrollo endógeno nacional” y los derechos sociales.
La maduración de este proceso conocerá a inicios de 2009 un nuevo impulso con el lanzamiento de una convocatoria a una coordinación amplia de movimientos sociales latinoamericanos realizado en el marco del FSM de Belém. Promovida por el Movimiento Sin Tierra y el capítulo regional de la Marcha Mundial de Mujeres entre otras organizaciones, la declaración que promueve el “ALBA de los Movimientos” enuncia los principios de un proyecto de vida de los pueblos frente al proyecto del imperialismo y asume la necesidad de fortalecer la construcción de ALBA “desde abajo” con el objetivo de potenciar este proceso.
Esta relegitimación del estado se tradujo en la recuperación del control del espacio público restringiendo de esta manera la capacidad de acción y protesta de los movimientos sociales en un devenir que abarcó tanto procesos de integración política de fracciones o sectores de las clases subalternas o de cooptación dirigencial como de reforzamiento represivo (Seoane, 2008). Bautizados como neo-desarrollistas, o en algunos casos social-liberales, estos regímenes se han caracterizado por recuperar cierto nivel de intervención estatal sobre la economía y ciertos instrumentos de políticas sociales que habían sido desmantelados por el neoliberalismo más sin que ello supusiera una modificación sustantiva de la matriz distributiva característica de dicho modelo. Estas tendencias contribuyeron a un proceso visible de burocratización y de repliegues corporativistas de algunos movimientos sociales (en este sentido pueden referirse las evoluciones de algunas corrientes sindicales mayoritarias en Brasil y de organizaciones territoriales y sindicales en Argentina) que debilitaron la construcción de alternativas antisistémicas así como condicionaron las experiencias de articulación regional.
Por contraposición, los procesos de cambios sociopolíticos en curso en la tríada andina conformada por Venezuela, Bolivia y Ecuador refieren a experiencias y tentativas más profundas de transformación social. En estos casos, tanto los cambios de la matriz gubernamental-estatal en el marco de reformas constituyentes y el sustantivo incremento de la gestión público-estatal via la nacionalización de la explotación hidrocarburífera y de otros sectores económicos claves; así como la promoción de políticas sociales protectivas orientadas en un sentido universal supusieron significativos avances en el terreno democrático y de la distribución de los ingresos. En estas experiencias el cuestionamiento a la matriz liberal-colonial del Estado-nación ha sido alimentado por la fuerza adquirida por los movimientos indígenas. Así, por ejemplo, en las recientes experiencias de reformas constitucionales en Bolivia y Ecuador ello se tradujo en un reconocimiento explícito de las reivindicaciones de los pueblos originarios respecto al carácter plurinacional del Estado. La acción de las organizaciones indígenas sirvió también a difundir las ideas y las prácticas del “buen vivir” o sumak kausai como alternativas civilizatorias decolonizadoras al modelo de desarrollo capitalista. Todo ello, y su protagonismo en la resistencia a los procesos de naturaleza extractiva que promueven la “valorización capitalista” de territorios y comunidades, ha potenciado la participación e influencia de los movimientos indígenas en las articulaciones regionales. La realización de las sucesivas Cumbres Continentales de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala (cuya cuarta edición se realizó en Puno, Perú en 2009) y la creación en 2006 de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la amplia participación de movimientos originarios en el Asamblea de los Pueblos Indígenas que tuvo lugar en el Foro Social Mundial en Belém, Brasil en 2009 son algunas de las expresiones más recientes de estos procesos de resistencia.
Un balance de las múltiples y complejas experiencias de articulación y convergencias regionales contra el neoliberalismo y los proyectos hegemónicos, permite identificar algunas cuestiones que marcaron con particular intensidad la experiencia latinoamericana y se proyectaron como contribuciones a la experiencia del movimiento antimundialización. La intensa capacidad de recreación y reinvención de prácticas democráticas aparece como una característica distintiva, que cobró cuerpo en la generalización de la matriz asamblearia. En este sentido también, la consulta popular fue una herramienta largamente usada por las organizaciones en diferentes países; desde las campañas nacionales contra el ALCA en Argentina, Brasil y Paraguay hasta por las comunidades rurales en Centroamérica o el área andina contra la explotación y apropiación privada de los bienes comunes de la naturaleza.
Un segundo elemento característico de estas experiencias ha sido la capacidad de combinar una composición sociopolítica e identitaria muy heterogénea con una gran eficacia política en los procesos de resistencia y construcción de alternativas. Esta marca distintiva es un indicador de la capacidad de dar respuesta en el terreno de la acción política a los desafíos planteados por la complejidad y al carácter multidimensional que asumen los procesos de dominación, opresión y explotación en el capitalismo contemporáneo. La heterogeneidad característica del movimiento ha sido crecientemente valorada como un elemento que potencia y enriquece las experiencias de resistencia. Esto permitió a su vez una más justa apreciación por parte de movimientos y organizaciones de origen urbano del potencial antisistémico y emancipatorio que despliegan las organizaciones indígenas y campesinas en su lucha por la plurinacionalidad, por la soberanía alimentaria, por el buen vivir y contra la mercantilización de la vida.
Un tercer rasgo distintivo es la capacidad de los movimientos latinoamericanos de desplegar una práctica política que, en un complejo proceso ciertamente no desprovisto de riesgos, supo combinar lógicas de apoyo, cuestionamiento y negociación con algunos gobiernos que se proyectan en un horizonte de democratización y transformación radical de los estados. Estas experiencias asumen una significación particular en los procesos de integración tal como lo demuestra la experiencia del ALBA.
La reflexión sobre la actualidad regional exige incorporar al análisis la importancia decisiva que reviste la crisis económica emergida del quiebre de la burbuja especulativa inmobiliaria estadounidense a fines de 2007 y sus repercusiones en América Latina. La evolución, el ritmo, profundidad y extensión que adopte esta crisis habrá de signar de manera profunda el marco regional. La tendencia sistémica a trasladar el costo de la misma a la periferia amenaza con profundizar las tendencias que hemos referido anteriormente intensificando los procesos de recolonización política, social y económica de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Distintos hechos expresan en el transcurso del último año el incremento de acciones promovidas por los sectores dominantes locales y regionales en articulación con los poderes globales que tienden a reforzar las respuestas sistémicas y conservadoras ante la crisis. Entre ellos se destacan la intensificación de los procesos de criminalización de las protestas y de las políticas de desestabilización de los procesos de cambio en curso –que se expresaron por ejemplo en el golpe cívico-prefectural en Bolivia de 2008 y en los reiterados intentos en Venezuela-, el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para la instalación de siete nuevas bases militares en ese país así como el reciente anuncio de similar acuerdo con Panamá y el eforzamiento presupuestario de los proyectos de intervención estadounidense en la región. La promoción o tolerancia del nuevo gobierno estadounidense en relación con estos hechos recientes pone de manifiesto los límites de las promesas formuladas por el presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago respecto a una nueva política regional del país hegemón basada en la promoción de un “diálogo constructivo” con los gobiernos latinoamericanos.
De esta serie, sin duda, el hecho de mayor significación regional y repercusión internacional fue el golpe de estado perpetrado el 28 de junio último en Honduras contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya. Esta acción golpista, que desde sus inicios contó con poderosos promotores y aliados estadounidenses, constituye un clivaje en la evolución de la situación política regional y pone de manifiesto el peligro de un recrudecimiento de las tendencias antidemocráticas y militaristas en Centroamérica y la región en su conjunto.
En un contexto internacional donde los efectos de la crisis exacerban los procesos de polarización social, estas acciones regionales parecen señalar la capacidad del movimiento altermundialista de revitalizar y resignificar sus acciones y programáticas de cara a las tentativas de relegitimar el orden social de mercado y enfatizan el desafío de profundizar las experiencias emancipatorias de nuestros pueblos que, como postulara Frantz Fanon, resisten cotidianamente su pretendido destino de “condenados de la tierra”.
miembro del Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL).
** Politólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa, Argentina) y miembro
del Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL).
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